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Opinión

¿Por qué la igualdad de género en México?


Por Raquel Edith Partida Rocha
16 Julio 2018

El objetivo del milenio al 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es que los países miembros alcancen la paridad de género en todos los órdenes institucionales, por lo que las mujeres deberán tener una participación en la vida económica, política, social y de salud en los próximos 12 años, de forma contundente. Por ende, México está comprometido a asumir este reto como parte de una política institucional dentro del Plan de Desarrollo Nacional (2018-2024).

En el pasado, en los gobiernos federales hubo esfuerzos por alcanzar la paridad de género a partir de programas como Proequidad, que es el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, que surge dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 2000-2006 con una orientación humanista de la equidad y el género.

Este programa buscó conciliar y cumplir las políticas internacionales y, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), acató los acuerdos y tratados internacionales que nuestro país había asumido con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con esto se dio el primer diseño transversal de género con la ejecución y evaluación de las políticas públicas con un fin común: eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. En él se establecieron las acciones de coordinación con los gobiernos estatales y con los grupos sociales interesados, en colaboración con los poderes Legislativo y Judicial.

El segundo factor que se da en el país es la Ley Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en agosto de 2006, cuyo artículo primero señala que se debe regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado (en todas las instituciones y hasta en las educativas), y promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación de los géneros.

Proigualdad, Programa Nacional para la Igualdad, fue implementado en dos sexenios (2006-2012 y en 2013-2018) y continua con la estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Ello significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la administración pública federal estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal y que inciden en la reducción de las desigualdades), que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Se asume el compromiso de incorporar a las mujeres de lleno en la vida nacional; inicia una estrategia que permite al gobierno federal incorporar en la planeación y programación nacional las necesidades de las mujeres y las acciones que faciliten el ejercicio de sus derechos, los que tienen un rango constitucional y que se encuentran explícitos en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, entre otras.

Con Proigualdad, que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se busca que los gobiernos locales impulsen la igualdad sustantiva y la incorporen con paridad en la toma de decisiones, tanto en las entidades federativas, en los municipios y en la consolidación de los institutos municipales y estatales de las mujeres, para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

La política nacional de igualdad durante el período, se convierte en una estrategia del Estado Mexicano para lograr una sociedad incluyente para mujeres y hombres, iguales ante la ley e iguales en los hechos. La política nacional busca que las mujeres tengan voz y voto, participen y decidan.

Proigualdad fue considerado piedra angular de una transformación sin precedente para las mujeres mexicanas, pues en este período se alcanza la paridad de género en el proceso electoral, en que por vez primera existe en las Cámara Baja y Alta la mayor participación de mujeres.



Nota publicada en la edición 978