Académicos analizan el Informe

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Resolver la inseguridad es la gran deuda del Gobierno de Jalisco para con su población. Si bien ha habido acciones positivas y reducción a cuatro de 10 crímenes de alto impacto, las autoridades parecen no tener una estrategia integral de prevención del delito, y los esfuerzos se quedan en medidas aisladas, consideró Arturo Villareal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Así lo explicó en la Glosa académica organizada por el Congreso del Estado, en la que especialistas de distintas instituciones, entre éstas la Universidad de Guadalajara, conversaron con diputados locales para analizar el tercer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.

“Desde mi punto de vista, si bien las acciones que despliega el ejecutivo no son por sí mismas negativas, sí revelan la falta de una estrategia en materia de prevención del delito. Más bien parecen una serie de acciones aisladas, pero no vinculadas a un gran programa de prevención del delito”, apuntó el catedrático del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al participar en la mesa de Gobernabilidad y seguridad.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) consideró que esa estrategia integral debería articular de manera transversal a diferentes dependencias del Poder Ejecutivo e invertir más recursos en la prevención, pues la mayor parte del presupuesto se va al combate.

Lamentó que Jalisco tenga una de las más altas cifras negras del país, pues de cada 100 delitos, la autoridad conoce solamente seis. La extorsión es el delito más realizado, seguido por robo de autopartes y a transeúntes. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el principal problema es la inseguridad en la percepción ciudadana.

Otro punto que señaló, es que a seis meses de que fue aprobada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en Jalisco ni siquiera han creado el Centro de Prevención Social, a pesar de que esa norma lo ordena.

Urge acelerar el paso en movilidad
No es posible que a tres años de que inició la administración estatal, el Gobierno de Jalisco no haya podido concluir el padrón de unidades del transporte público ni mejorar la calidad del servicio con el arranque de las rutas-empresa, consideró María Dolores del Río López, directora de la División de Diseño y Proyectos, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la UdeG.

Durante su participación en la mesa de Movilidad, la catedrática afirmó que en esta materia sí hay avances, pero muchas acciones sólo son empezadas y no las continúan. En Jalisco la falta de integración entre políticas de movilidad sustentable y de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, fomenta la dependencia al automóvil, por la carencia de servicios de transporte público.

“Mejorar la seguridad vial implica la formación de profesionales en transporte público, certificados y con seguimiento garantizado por el óptimo cumplimiento periódico. Las infraestructuras deficientes y la escasa regulación inducen a la anarquía de las vías, lo que genera conflictos entre peatones, bicicletas y vehículos, y conduce a una elevada tasa de accidentes y mortalidad”, explicó la académica del CUAAD.

Retos en transparencia
Si bien los indicadores del Ejecutivo ofrecen mucha información útil para el análisis, falta ir más allá, pues la rendición de cuentas tiene que ver con legitimidad y eficiencia, apuntó el coordinador de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, de la UdeG, Gilberto Tinajero Díaz, en la mesa Gobierno abierto, rendición de cuentas y evaluación.

“Es difícil hacer una crítica ante los indicadores, instrumentos y planes. Estos sin duda están ahí y dan buenas cuentas. Pero la rendición de cuentas también son argumentos y son convicciones. La verdad, es difícil de medir la corrupción. Se esconde. Si bien hay indicadores de percepción de la corrupción y buen gobierno, las fallas de los servicios públicos no se miden como deberían medirse. La impunidad sigue estando ahí en las relaciones entre los agentes del servicio público y el crimen organizado; en las demoras de los juzgados y la impunidad de los sistemas de impartición de justicia”.

Tinajero resaltó la armonización de la ley general con la estatal, en la cual fue clave la voz de las universidades y organizaciones sociales para lograr el veto a aquella iniciativa deficiente y especificó algunos de los grandes pendientes que tiene el Estado, como la protección de datos y la ley de archivos, para no continuar alegando inexistencia de información, además de que haya sanciones efectivas por incumplimiento.

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