Los pueblos indígenas mantienen sus tradiciones ancestrales que aportan al bagaje multicultural del país, y las cuales han sido reconocidas y avaladas desde la Constitución Política de México y la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; pero ¿cuál es el alcance de estas leyes cuando se violentan los derechos humanos dentro de las mismas comunidades?
Para nadie es ajena la prevalencia de matrimonios forzados que se establecen entre menores de edad en algunos pueblos indígenas, situación para la que desafortunadamente existe poca evidencia documental y que en algunas ocasiones la justifican bajo el tema de usos y costumbres, porque son acuerdos establecidos por las familias. Lo anterior lo señala Patricia Chandomi en su reportaje sobre matrimonios forzados en Chiapas, en el caso de la etnia Tsotsil, “En la cosmovisión indígena todas las personas son sujetos colectivos, por eso el matrimonio no es un asunto de la novia, sino de la familia”.
En este contexto, se hizo mediático el caso de Angélica, una niña indígena de Guerrero que fue sometida al matrimonio forzado cuando tenía once años. Hoy tiene quince, su esposo emigró a Estados Unidos y su suegro intentó violarla en cuatro ocasiones. Ella tuvo que huir, pero fue encarcelada al igual que sus hermanas y abuela, porque su familia debe regresar el dinero que se pagó por el casamiento (150 mil pesos) así como los intereses generados, por tanto, la cifra asciende a 214 mil pesos. Después de 11 días de encarcelamiento, con el apoyo de colectivos y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, finalmente fue liberada, al igual que sus hermanas y su abuela.
Esta historia es una más de niñas-adolescentes que pasan por una compra venta sin sentido, porque no forman parte de las negociaciones de las familias, a una edad que tampoco tienen la madurez para asumir una decisión de esta altura. Su posición es de subordinación al dominio de los hombres que inicia desde su nacimiento, primero con su padre y hermano y después con el esposo.
El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas señala que en la mediación de los hombres persiste el reconocimiento, la propiedad e identidad como una frontera que limita el ejercicio ciudadano de las mujeres. Esta situación forma parte de la violencia estructural que se refleja en violencia social, sexual, doméstica interiorizada en las mujeres, lo cual les crea una complejidad que dificulta la aplicación de estrategias para romper con estos esquemas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH,2016), el 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral, a lo largo de su vida.
Es preocupante la marginación que prevalece en los pueblos originarios, la tasa de analfabetismo es de 35.6% para las mujeres y 17.8% para los hombres; en 2020, la población económica activa representó el 42.8% para la población femenina mayor de 15 años y 79.2% para la población masculina; persiste la dinámica familiar del patriarcado, de los 2.8 millones de hogares censales indígenas, 73.9% son jefes de los hogares y un 26.1% son jefas. Aunque en algunos casos puede ser que la mujer asuma el rol de jefa del hogar porque el marido emigró.
¿Cómo cambiar la realidad de las mujeres indígenas? A pesar de que la estructura normativa para protección de los derechos humanos existe, pareciera que ellas están sujetas a un esclavismo invisible, que sobrepasa cualquier ley cuando se habla de “usos y costumbres”.
La complejidad del tema va más allá de la legislación, si consideramos que prevalece la composición de los hombres como autoridades; la normalización de la violencia en los hogares; la ausencia de redes de apoyo para atender a las víctimas y de un sistema de denuncia efectivo para proteger a las mujeres; entre otros.
Reconocer el papel de las mujeres en la comunidad es una tarea por la que se tendría que empezar para que puedan hacerse visibles. Aunque se ve lejos que esto pueda suceder, pues falta la voluntad de las autoridades gubernamentales, de los propios pueblos indígenas y de la sociedad, que seguimos como testigos de la barbarie cuando se presentan casos como el de Angélica.
