El Estado mexicano silencia y borra cualquier intento por la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada al pactar con grupos criminales, bloquear investigaciones y contribuir con la impunidad.

El tema se abordó con el panel “Delincuencia organizada y desaparición forzada en México: el vínculo silenciado”, como parte del programa FIL Pensamiento, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) durante la FIL 2022.

La coordinadora del proyecto de investigación “Infancias amputadas, adolescencias en riesgo, niñez y violencia crónica en el noreste del país”, Séverine Durin, resaltó la negligencia de los agentes del Estado en la desaparición forzada.

Para la perpetración de este delito se necesita una amplia red de corrupción desgranada, desde los políticos de alto nivel que designan a integrantes de su gobierno, jefes policiacos y policías que, simultáneamente, omiten sus vínculos con los grupos criminales. 

Bajo este esquema, el Estado mexicano se desmarca de su responsabilidad de brindar protección y justicia al responsabilizar a “individuos malignos” como los responsables de las crisis de seguridad y las desapariciones sin sospechar de cualquier intervención de los funcionarios públicos.

“Así, se borra cualquier visión y perspectiva sistémica porque, sin tener los vínculos, se borran las relaciones que deben entenderse de forma reticulada y sistémica”, explicó.

El investigador, especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos, Jacobo Dayán, enfatizó en la falta de voluntad del Estado por localizar a más de 107 mil personas desaparecidas y no localizadas, ineficacia reflejada con apenas 35 sentencias por el delito de desaparición.

“El Estado mexicano ya abdicó de su obligación de garantizar la seguridad pública, como lo hicieron el PRI, el PAN y ahora Morena”, precisó.

La Coordinadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México, Laura Atuesta, explicó el trabajo realizado en la primera base de datos sobre personas desaparecidas filtrada a la prensa durante el gobierno de Felipe Calderón. Se trataba de un Registro nacional de personas desaparecidas del que no se sabía hasta el momento.

“Contenía descripciones de cómo desaparecieron a las personas, pero no sabíamos mucho y tratamos de analizar la información hasta identificar las causas en 600 registros relacionados con el crimen organizado”, informó.

Lograron identificar cuatro causas de la desaparición forzada: el modus operandi relacionado con el crimen organizado; la intervención de autoridades o personas que usaban uniformes policiacos; las desapariciones en carreteras de Tamaulipas, y las desapariciones en la frontera norte.

El antropólogo de El Colegio de Michoacán, Salvador Maldonado, acotó que la cifra de personas desaparecidas anula el significado de las desapariciones para los colectivos de búsqueda.

“Porque significan procesos de acceso a justicia y para los colectivos la importancia que conlleva la búsqueda de cuerpos de las personas”, explicó.

Destacó el vínculo silencioso que hay en la mayoría de los casos de violencia y la participación de actores públicos relacionados con el uso de la fuerza.

El fundador de Lantia Consultores y exasesor del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eduardo Guerrero Gutiérrez, resaltó el cambio en la lógica de operación criminal: lo que comenzó con la exhibición de cuerpos en las principales avenidas de las ciudades se modificó hasta el ocultamiento de los cuerpos.

Adelantó datos preliminares sobre una base de datos elaborada por Lantia sobre desaparición con datos abiertos. Destacó el sostenido crecimiento en las desapariciones en el periodo de 2015 a 2020, que disminuyó en 21.9 por ciento en 2021, aunque en 2022 se espera un aumento de 1.5 por ciento; información recogida en Internet, cédulas de búsqueda de las fiscalías, entre otras fuentes.

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, atribuyó el incremento del problema a la transición democrática que modificó los pactos entre políticos y grupos criminales.

“El empeoramiento coincidió con la transición de la democracia, donde los jugadores en este campo criminal, desde lo estatal y criminal, hicieron cambios en el pacto”, precisó.

“El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador no ha revertido o descentralizado este proceso y no se ve que lo haya logrado porque sigue la gobernanza fragmentada”, destacó.

Discuten razones de la violencia digital

Los mensajes de odio en las redes sociales se han normalizado y son compartidos más fácilmente debido a que las personas encuentran una manera de expresar su agresión tras la máscara de las plataformas digitales, coincidieron expertos durante la mesa de diálogo “¿Cómo detener la violencia digital?”, que formó parte del encuentro De Muro a Muro en FIL Pensamiento.

Sheri Bauman, psicoterapeuta y profesora de la Universidad de Arizona, EUA,  afirmó que la agresión está en el ADN de los seres humanos y es parte de nuestra composición biológica, por lo que a lo largo de los años inventamos formas más sofisticadas de expresar esta agresión.

La autora del libro Ciberacoso político: perpetradores y objetivos de una nueva agresión digital, citó estudios científicos que indican que rasgos como el sadismo, el narcisismo, la psicopatía y el disfrute del sufrimiento de otros están relacionados con personas que hacen violencia digital.

“Esto no quiere decir que quienes lo hacen gocen de torturar personas todos los días, sino que hay algo en su personalidad que los hace estar complacidos cuando ven que alguien está sufriendo, lo que es aterrador porque, por otra parte, los mensajes ofensivos y de odio son compartidos y esparcidos mucho más rápido que los mensajes positivos, y eso es importante para pensar quién hace dinero con eso”, aseguró. 

Rasha Nagem, profesora de literatura árabe y francesa en la Universidad de Toulouse-Le Mirail, explicó que la radicalización de posturas políticas o religiosas no necesariamente va de la mano con la violencia radical, pues las divide un largo proceso que depende del ambiente y la situación de las personas.

 En el diálogo, moderado por la periodista y analista Gabriela Warkentin, el escritor y traductor brasileño Julian Fuks afirmó que en los últimos años la violencia digital es tan frecuente y difundida que se ha vuelto parte del paisaje social, pero nunca debería ser confundida con ningún tipo de normalidad y mucho menos ser cotidiana y banal.

“Tenemos que estar juntos para combatir un grado tan extremo de perversidad. Es importante admitir que sufrimos ese dolor comunitario que está en esa violencia y que se propaga con ella, y que tenemos que sentirla para entender que no es un dolor tolerable”, señaló.