La piratería en México representa el 20 por ciento de la producción editorial anual, mientras que el fotocopiado de textos protegidos es de siete mil millones de páginas al año, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Ambos delitos, presentes en todo el mundo, tienen consecuencias negativas para los escritores, libreros, lectores, la educación y hasta el desarrollo de las naciones.
En esto coincidieron los participantes del seminario “El uso legal de las obras impresas: ¿es ilícito fotocopiar libros?”, promovido por el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro), el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) y el Centro Regional para el Fomento del Libro de América latina y el Caribe (Cerlalc), entre otros organismos.
Las fotocopiadoras llegaron para quedarse y no es posible acabar con ellas, afirmó Gerardo Gally, presidente de CeMPro: “No podemos parar la fotocopia, pero sí regularla, de manera que haya un apoyo específico a los autores por medio de cuotas compensatorias, para proteger sus derechos patrimoniales de autor, y a los editores para la explotación comercial de la obra”.
Insistió en que la fotocopia impide a los jóvenes formar una biblioteca propia, ya que los estudiantes no adquieren las obras, además de que solo leen fragmentos.
Joseph María Puig, editor y presidente de Cedro, mencionó que los derechos de autor son un factor clave en el desarrollo social, cultural y económico de una nación. Es necesario concienciar a la población, y sobre todo en las escuelas, sobre las perdidas que representa la piratería y las fotocopias. Es un proceso complejo y costoso, pero resulta urgente para mantener viva la industria editorial: “un país con una industria editorial fuerte, apuesta por un desarrollo continuo”.
El escritor y periodista mexicano Humberto Musacchio habló fuerte acerca de la despreocupación del gobierno por los temas culturales en general, y del trabajo editorial en particular, aun cuando el interés de los autores representa el interés de todo un pueblo. La protección y fomento de la creación corresponde al gobierno, que se ha empeñado en ponerle obstáculos, por ejemplo, al gravar las regalías solo por las grandes ganancias de unos cuantos.
“Los políticos tendrán que elaborar leyes más rigurosas para proteger el derecho autoral y de patrimonio colectivo”.
