Un buen día los tapatíos nos encontramos con la noticia de que algunas de las cárceles de máxima seguridad en México eran intervenidas por el ejército mexicano y que, paralelamente, varios reos estaban siendo trasladados al penal de Puente Grande.
Sin tener mucha claridad al respecto, y aún sin conocer a fondo el problema, ni los enfrentamientos entre los capos de la droga, muchas personas manifestaron su inquietud. Las cámaras de industriales en Jalisco, el clero, en voz de Sandoval íñiguez e incluso deportistas mostraron su inconformidad con la situación.
Cuando Sandra Salmon fue cuestionada al respecto, la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, señaló, como no queriéndose meter en problemas, que los ciudadanos estadunidenses no corrían ningún peligro en Jalisco, no así en el norte de México.
En este ir y venir de opiniones he detectado por lo menos tres elementos que es necesario desplegar antes de emitir cualquier opinión acerca del traslado de reos de las penales de máxima seguridad de Matamoros y La Palma, en el Estado de México, hacia Puente Grande.
El más evidente es el de un sistema penitenciario obsoleto, pensado para dejar marcados simbólicamente a los ciudadanos, para que conozcan a qué tipo de castigos serán sometidos en caso de algún desacato a las normas.
Quizá es tiempo de pensar en otro tipo de castigo y de sistema penitenciario.
Aquí se presenta la primera contradicción, porque qué sucede cuando hacen pública la información en torno a que las propias autoridades de La Palma llegaron a acuerdos con los capos, permitiéndoles comprar en las tiendas de prisión 15 veces más de lo establecido o hacer llamadas telefónicas sin casi restricciones y usar ropa distinta a la establecida.
¿Cuál es el mensaje simbólico que ha llegado a los ciudadanos?
El contenido del recado llegó rápido, vía fast track. Y la justicia de nuevo quedó en evidencia y determinada por las leyes del mercado, como cualquier mercancía. Miguel íngel Yunes, secretario de Seguridad Pública Federal, culpó a las autoridades del penal La Palma por haber llegado a “acuerdos” con los capos, lo que propició “la ruptura del principio de igualdad, que es básico para evitar la creación de grupos de poder al interior del centro”, ¡cómo si alguna vez hubiera existido ese principio! dentro o fuera de la cárcel.
Este segundo elemento parte de la base de que si las relaciones económicas son las que privan en la cárcel, y si tampoco mejoran los salarios ni las prestaciones laborales, es casi seguro que los capos volverán a hacer de las suyas en cualquier penal que los instalen.
Otro elemento, aunque no tan evidente, es que la cárcel funciona como cualquier organización social compleja sometida a las presiones sociales y económicas. Simplemente establece vasos intercomunicadores con los que buscará un equilibrio homeostático con sus circunstancias. Entonces ese medio social estará presente al interior de las penales… pero también a la inversa: las penales harán presencia en las sociedades.
El problema para los tapatíos es que junto con el traslado de capos, apellídense Caro Quintero o Cárdenas Guillén, serán atraídos subsistemas que penden de ellos, que los hacen presentes en el resto de la sociedad. Esto acarreará consecuencias y secuelas que llegan a todos los ámbitos sociales, desde la inseguridad cotidiana, un aumento de la violencia a todo nivel, hasta el aumento del mercado inmobiliario. Tal vez sea el momento de acostumbrarnos a las ejecuciones masivas, como la de los seis trabajadores de la penal en Matamoros.
*Profesor investigador del Departamento de Sociología, UdeG.
