A propósito de las manifestaciones de hace unos días frente al Palacio de gobierno, realizadas por parte de algunos de los 32 mil ahorradores de la Caja Popular San Miguel de Mezquitan, quienes al regreso del pasado periodo vacacional se encontraron con la sorpresa de que ésta había cerrado sus puertas, según la versión del consejo de administración, por su incapacidad para cubrir con los requisitos que impone la nueva Ley de ahorro y crédito popular (LACP), vigente a partir del 1 de enero de 2006, misma que, por cierto, habían pospuesto en varias ocasiones, desde 2002.
Al respecto, cabe hacer algunas consideraciones sobre esta problemática, la cual pareciera repetirse en nuestro entorno, puesto que aún recordamos los fraudes y malos manejos administrativos en los que se vieron envueltos ahorradores de Jalisco y otras 23 entidades durante el año 2000, en varias cajas populares, como la otrora famosa Caja Popular Puerto Vallarta, manejadas por el célebre personaje José Ocampo Verdugo, quien cumple una sentencia de 17 años por lavado de dinero, por el desfalco en que dejó a cerca de 120 mil ahorradores, de 350 sucursales en 24 estados del país. Además, forzó a los poderes legislativo y ejecutivo, en el ámbito federal y en el de algunas entidades del país, para constituir fideicomisos (Fideicomiso de Cajas de Ahorro (FICAH) y posteriormente el Fideicomiso Pago), para captar recursos federales, estatales y de los activos de dichas cajas, con el fin de hacer viable la devolución de un significativo porcentaje de los ahorros de la mayoría de los involucrados en tales operaciones.
Conviene destacar que la actuación de ambos poderes ocurrió demasiado tarde, ya que es un hecho que desde los años cincuenta, los mecanismos informales de ahorro popular comenzaron a expandirse ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, como de los organismos financieros encargados de regular dichas actividades.
Preocupados solo por desarrollar la banca de desarrollo (Nafinsa, Bancomext, Banobras, etcétera) y facilitar las acciones de la banca privada, nunca se dedicaron a desarrollar esquemas que permitieran un crecimiento sano de lo que hoy denominan la “banca social”.
Es cierto que ya existía la Ley de sociedades y actividades auxiliares de crédito, y en 1991 fue reformada para crear las Sociedades de ahorro y préstamo (SAP), así como también en 1994 reformaron la ley, vigente desde 1938, de las sociedades cooperativas, para crear las Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP).
En los hechos, estos cambios permitieron grandes facilidades para la constitución y registro de ambas entidades de ahorro popular, con el amparo jurídico de dos ordenamientos radicalmente distintos, que incluso provocaron, en ciertos momentos, tensión, enfrentamiento y dispersión entre las federaciones y confederaciones que las representan. Lo más significativo fue que no les impusieron reglas de manejo financiero prudencial, lo que a la postre derivó en los fraudes y malos manejos de los recursos que operaban.
Por desgracia, como siempre ocurre en nuestro país, tuvo que llegarse hasta los extremos para que tomaran cartas en el asunto. Por eso, a primera vista, pareciera que la problemática descrita vuelve a repetirse ahora con los ahorradores de la caja popular mencionada.
No obstante, es preciso señalar que la realidad es otra, es decir, dicha situación ya estaba prevista, en función de las normas de regulación prudencial que la nueva LACP impone a las cajas de ahorro, con el fin precisamente de evitar la experiencia vivida en este sentido hace seis años.
En tal sentido, es pertinente observar el fenómeno del ahorro popular en toda su dimensión, como lo indica la especialista en el tema, Isabel Cruz, cuando señala que si bien el moderno sistema financiero mexicano tiene uno de los índices de rentabilidad más altos del mundo, su contribución a la economía nacional es pobre, al tener un bajísimo nivel de penetración al interior del país, de apenas seis por ciento en las zonas rurales y del 15-25 por ciento en las urbanas.
Este sistema ha generado un nivel bajo de ahorro (6.5 por ciento del PIB) y de crédito (apenas un 35 por ciento del PIB, contra el 80 por ciento que tienen otros países en desarrollo o comparado con el 221 por ciento del PIB en Estados Unidos), asociado a su alta concentración en los estratos corporativos empresariales de nuestra economía. En otras palabras, como todos sabemos, los esquemas de ahorro existentes y los pocos créditos que el sistema financiero otorga, carecen de incentivos para los ahorradores, los que son otorgados a las grandes empresas, las que menos lo necesitan.
La paradoja actual del sistema financiero mexicano reside en que deja al margen a miles de ahorradores y micro, pequeños y medianos empresarios, los cuales se ven en la necesidad de encontrar opciones populares accesibles de ahorro y crédito, acordes a sus dinámicas macroeconómicas.
Por eso el reto fundamental de la LACP es crear una verdadera banca social, en la que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios financieros básicos, complementarios a los tan limitados que ofrece la banca comercial privada y la de desarrollo.
La banca social, afirma Cruz, es una forma de autoorganización social (instituciones populares, como cajas de ahorro, cooperativas financieras, mutuales, uniones de crédito, etcétera). “Banca para todos”, que permite, sobre todo, imaginar fórmulas de organización financiera “no clásicas”, del tipo sistemas financieros descentralizados, solidarios –mutuales con productos de microfinanzas–, capaces de llegar hasta los más pobres, que son la mayoría de la población. Y habría que agregar a quienes atienden las cajas populares.
Hasta el momento, los avances de la puesta en vigor de la LACP, son la constitución de 12 federaciones autorizadas y cinco solicitudes en proceso, las cuales agrupan a las 650 cajas populares existentes en el país, que atienden a 2.5 millones de personas y manejan más de 18 mil millones de pesos.
En Jalisco, de las 23 cajas populares en proceso de regularización, pertenecientes a la Federación Nacional de Cooperativas Financieras (Unisap), ninguna lo ha concluido, y cuyo plazo de vencimiento es el 2008. No obstante, se prevé que 15 de éstas lo concluyan durante 2006. De ahí que la sugerencia a los ahorradores de dichas entidades, es que revisen que su caja popular ostente el sello de la Condusef, de que está en proceso de regularización, con el fin de garantizar sus ahorros.
Como podemos observar, la reestructuración de las cajas de ahorro en nuestro país apenas ha comenzado, por lo que la visión no debe perderse, ni tampoco la imitación de las cajas de ahorro de naciones como Alemania y España, pues si bien al primer país le llevó doscientos años constituir su actual red de cajas de ahorro y otro tanto al segundo, no hay duda que en ambos casos dicha expansión contribuyó en gran medida a reducir la pobreza y a financiar el crecimiento de las mipymes en esos países.
Como podemos observar, el camino para nuestro país es todavía muy largo, por lo que se impone ser realistas, ya que según los especialistas, existe un mercado potencial de 20 millones de personas por atender. Actualmente las cajas de ahorro popular solo atienden a cuatro de los 43 millones de mexicanos que conforman la PEA, además de que manejan el 1 por ciento de los activos de la banca múltiple y arrastran la mala fama creada por los fraudes detectados en algunas de éstas.n
* Maestro, investigador del Departamento de Economía (CUCEA).
