A mi nieto, Paulo Gael
En días pasados quien fuera presidente por cerca de 20 años del banco central estadounidense, el Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan lo dijo: “Me equivoqué al creer que los mercados serían capaces de autorregularse”, de contenerse, pues. Sarkozy, el presidente de Francia, también en esos días declaró acerca de la necesidad de poner fin a “la dictadura de los mercados”. El 15 de noviembre, en Washington, tuvo lugar, a instancias de los presidentes estadounidense, George W. Bush, y el francés, Nicolas Sarkozy, principalmente, una primera cumbre del G20, las principales 20 economías del planeta, para tratar de poner orden y solución a la severa crisis financiera global que acaba de hacer explosión en este reciente verano de 2008, en los mercados financieros estadounidenses en primer lugar; crisis que amenaza además con sumir a la economía mundial en una severísima recesión, de proporciones y consecuencias incalculables, sin comparación ni referentes con las que hemos conocido las generaciones que hoy habitamos este planeta.
Ante ello, conviene tener en cuenta y releer el editorial titulado “Desarmar a los mercados” (13/11/08) de la publicación parisina Le Monde Diplomatique, de diciembre de 1997, salido de la pluma de su director, el español Ignacio Ramonet y que daría lugar, a partir de la convocatoria que de ahí surgió, a la asociación internacional Attac.
Sería conveniente tener en mente algunas de las reflexiones de Ramonet, que a continuación traducimos, si se trata de evaluar el impacto de la excesiva liberalidad en materia de finanzas internacionales, que terminó por acarrear en buena medida la crisis financiera que hoy padecen las economías del planeta, crisis iniciada por el manejo de los prestamos hipotecarios que derivaron en las hipotecas llamadas subprime en Estados Unidos.
El tsunami contra las bolsas de Asia amenaza también al resto del mundo: la mundialización del capital financiero se halla en vías de colocar a los pueblos del mundo en un estado de inseguridad generalizada. Ella hace caso omiso e ignora a las naciones y a sus Estados como lo que son: lugares pertinentes de ejercicio de la democracia y garantes del bien común.
Más aún: la mundialización financiera ha creado de hecho su propio Estado. Un Estado supranacional que dispone de sus propios aparatos, de sus redes de influencia como de sus medios de acción propios. Se trata de la constelación formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), El Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), sucesora del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (o GATT). Las cuatro instituciones hablan como si fueran una sola voz —su eco resuena prácticamente en la totalidad de los grandes medios de comunicación— y exaltan sin descanso las ‘virtudes del mercado’.
Este Estado mundial es un poder sin sociedad, este rol lo cumplen los mercados financieros y las empresas gigantes de las que es su mandatario, con lo que, por consecuencia, las sociedades realmente existentes —las sociedades civiles—, por su lado, son sociedades desprovistas de poder. Y esta situación se sigue agravando.
Desarmar al poder financiero mundial debe convertirse en un objetivo cívico fundamental, si es que se quiere evitar que el mundo del siglo veintiuno se transforme en una selva en la cual sólo contaría el imperio y capricho de los especuladores.
Día a día, cerca de un billón y medio de dólares van y vienen, especulando sobre los tipos de cambio nacionales. Tal inestabilidad de los tipos de cambio es una de las causas de la elevación de las tasas de interés reales, lo que frena el consumo de las familias como la inversión de las empresas. Provoca que se agraven los déficits públicos, así como incita a las administradoras de fondos de pensión —que manejan cientos de miles de millones de dólares— a reclamar a las empresas unos dividendos cada vez mayores. Las primeras víctimas de esta ‘carrera en pos de los rendimientos más elevados’ son precisamente los asalariados, ya que cada nueva oleada de despidos masivos provoca justamente la elevación bursátil de los títulos-valores de sus ex patrones. ¿Pueden, las distintas sociedades, seguir tolerando por siempre lo intolerable? Por eso urge que sean lanzados al menos “unos granos de arena” en la bien engrasada maquinaria de los movimientos de capitales devastadores. ¿Qué objetivos deben perseguirse? Por lo menos dos: 1) la supresión de los ‘paraísos fiscales’, 2) mediante una imposición fiscal a las transacciones financieras.
1) Los paraísos fiscales constituyen zonas en donde reina el secreto bancario, el cual sólo sirve para camuflar malversaciones y otras actividades mafiosas. Miles de millones de dólares son de tal manera sustraídos de todo control y toda fiscalidad, para el único beneficio de los poderosos y de los establecimientos financieros. Puesto que todos los grandes bancos del mundo cuentan con sucursales en tales paraísos fiscales, lo que les reporta jugosos beneficios, ¿acaso no podría decretarse un boicot financiero de aquellos bancos que trabajan con instancias gubernamentales, cuando, por ejemplo, abren filiales o sucursales en plazas como Gibraltar, las Islas Caimán, o Liechtenstein?
2) La libertad total de circulación de los capitales desestabiliza a la democracia. Es por ello que resulta esencial colocar algunos mecanismos disuasivos. Uno podría ser el ‘impuesto Tobin’, propuesto por el economista James Tobin, Premio Nobel norteamericano de Economía 1981, el cual lanzó semejante idea desde 1972. La idea es la de gravar, mediante una tasa módica, todas las transacciones que se efectúan en los mercados de cambios en el mundo para así estabilizarlas y, de paso, para allegarse algunos recursos nada despreciables para la comunidad internacional. Mediante una tasa de apenas 0.1% (o sea 10 centavos por cada 100 dólares), ese impuesto representaría, por año, algunos 166 miles de millones de dólares, lo doble de la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extrema.
Asociación que fue en efecto fundada desde 1998 y que cuenta con agrupaciones nacionales afiliadas en casi todos los continentes y desarrollan acciones sociales de manera continua por sí mismas y de manera conjunta con otras muchas asociaciones y organismos de la sociedad civil.
