Las detenciones arbitrarias (en las que no hay de por medio una denuncia ante la autoridad), además de las lesiones y el robo, son los principales motivos por los que jóvenes entre 20 y 30 años exponen sus quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas, orientación y seguimiento, de la mencionada institución.
“Algunas veces, al momento de ser detenidos o durante las revisiones de rutina, son objeto de hurto: les quitan dinero y celulares. Cuando hay resistencia puede haber maltrato físico”.
Algo que no toleran algunos agentes policiacos municipales es que los filmen con celulares cuando abusan de algún ciudadano. “Muchas personas que lo hacen luego objeto de abusos serios. Hay casos de personas a las cuales les fue fracturada la nariz. Recuerdo el de un joven que llegó en ese estado por el maltrato sufrido por parte de unos agentes cuando ellos advirtieron que los estaba filmando”.
Durante junio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió quejas por 28 detenciones arbitrarias, 29 por lesiones y 15 por robo. En el trimestre de abril a junio el registro fue de 133 quejas acumuladas por detenciones arbitrarias, 87 por lesiones, 51 por amenazas.
“A veces los agentes policiacos amenazan a la víctima para que no haga su denuncia”.
Las detenciones arbitrarias no cumplen con ninguna formalidad judicial: no hay ilícitos o faltas administrativas que castigar: simplemente son una revisión de rutina.
Jiménez señaló que a pesar de las múltiples tribus urbanas que existen en la zona metropolitana de Guadalajara, sus integrantes casi no exponen sus quejas por abusos de parte de las autoridades. Las denuncias por lo general provienen de jóvenes estudiantes, obreros y empleados, todos en edad productiva. “Los agentes saben que ciertos días del mes traen dinero. De manera curiosa este grupo es vulnerable, porque a la mejor es más atractivo para los policías un muchacho trabajador que uno de la calle, ya que a éstos es poco lo que se les puede quitar”.
La cultura del silencio
Hay una cifra negra en cuanto a violación de derechos humanos se refiere. En muchas ocasiones los agresores son agentes policiacos. Jiménez Jiménez consideró que por cada queja recibida tal vez haya entre ocho y nueve hechos no denunciados. La cultura de la denuncia está poco extendida entre los jóvenes. Tal vez no lo hacen por temor o por desconocimiento de cómo defender sus derechos.
En general, los varones son molestados con mayor frecuencia que las mujeres.
Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe una queja, orientan a las víctimas sobre sus derechos, le proporcionan atención médica si existió lesión física y remiten oficios a las autoridades de la Procuraduría de Justicia, para que reciban las denuncias penales en contra de los agresores, además de un oficio para que asuntos internos de la Dirección de Seguridad Pública abra procedimientos administrativos.
En numerosas ocasiones, las personas no acuden a poner su queja en la procuraduría. Entonces se interrumpe el proceso: “Nosotros no investigamos delitos, no somos procuraduría”.
Ilegalidad a todas luces
Las detenciones arbitrarias son ilegales. Los policías preventivos municipales, estatales o federales no están facultados para realizarlas. Estas acciones implican una violación a los derechos humanos y a las garantías individuales consideradas en la constitución, dijo Dante Reyes Haro Reyes, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). “Si una persona transita libremente por la calle y de pronto agentes policiacos quieren revisarlo, eso no está permitido: debe haber de por medio una orden para tal efecto”.
El abogado penalista e investigador universitario señaló que este tipo de acciones son fomentadas, entre otros factores, por la falta de profesionalización de los elementos policiacos y poca preparación de éstos en materia de derechos humanos.
Aclaró que la policía investigadora tiene facultades para detener ciudadanos ajustándose a lo que establece la constitución: 1) si hay orden autorizada por un juez competente; 2) cuando la haya expedido un agente del Ministerio Público; 3) en los casos en que se descubra a una persona cometiendo un delito (flagrancia), detención que debe ejecutarse en dicho instante.
Los reglamentos de policía y buen gobierno de los ayuntamientos que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, son específicos. “Si una persona comete una falta administrativa según el reglamento de policía y buen gobierno, inmediatamente puede ser detenida. También los códigos penales estipulan qué hacer en caso de delito”.
Sin embargo, hay una grave crisis en torno a la seguridad. El Estado mexicano tiene el derecho y la obligación de otorgarla a los ciudadanos, pero no ha desempeñado su papel con eficiencia.
Ante la inseguridad prevaleciente, la policía considera que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. “Muchos policías, investidos para proteger a los ciudadanos, se tornan en prepotentes y abusan de su autoridad”.
