La conducta catalogada como crimen puede ser la antesala de convertirse en delito, éste como conducta típica, antijurídica y culpable, en otras palabras, la conducta u omisión, así como su castigo, debe estar tipificada en la ley.
Ahora bien, con los actos de las autoridades gubernamentales de dilatar, esconder, obstaculizar, negar y hasta de “jinetear”; así como la omisión en gestionar, solicitar y ampliar el presupuesto destinado para la Universidad de Guadalajara, a todas luces se considera con las características antes descritas, como un verdadero crimen por cuanto a que ocasiona con ello una disminución de la comunidad escolar con aptitud de recibir educación media, media superior y superior. Verán un menoscabo en su persona de crecimiento educativo y académico. Se verán truncados muchos proyectos de investigación y difusión de la cultura o también se ocasionará a otros un menoscabo económico al buscar, para los que podrán pagarla, opciones en la educación privada.
Estas conductas y decisiones políticas de las autoridades de gobierno, que son autoritarias y recurrentes, se catalogan sin duda como actos y omisiones criminales, así que por el daño que ocasionan a la Universidad de Guadalajara, al estudiantado, académicos y sociedad en general, debe convertirse en delito. Quizá ahí está la mejor solución al conflicto.
No existe razón alguna para que no se pueda tipificar en el Código Penal del Estado de Jalisco y adicionar en el título séptimo de dicho ordenamiento como un delito más cometido por servidores públicos a la negativa de otorgar el presupuesto completo en tratándose del presupuesto de origen estatal o también tipificar en el Código Penal Federal la conducta en el caso de recursos provenientes de la federación.
La presión, incidencia y apoyo a los legisladores para la tipificación como delito de la negativa de otorgar el presupuesto correspondiente a nuestra alma máter es obligación y tarea de todo universitario.
Ya basta de limosnear, ya basta de humillaciones, ya basta de chantajes: la comunidad universitaria exige lo que la sociedad paga. La educación pública no es propiedad de nadie y exigimos el dinero que le pertenece.
