Por una parte el ambulantaje se ha convertido en una válvula de escape para la economía familiar de ciertos sectores de la sociedad, pero también es el cáncer de la economía nacional a causa del desorden de ciertos sectores de los ayuntamientos, los que permiten dicho descontrol al fomentar prácticas que violentan las garantías individuales y los derechos humanos de quienes se emplean en este rubro, opina especialista consultado por La gaceta.
Acerca del operativo que autoridades como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Finanzas realizaron en los alrededores del mercado San Juan de Dios, el pasado viernes 31 de octubre contra el ambulantaje que invade las calles peatonales en la calzada Independencia, y del que los afectados se defendieran propiciando una trifulca que dejó como resultado dos automóviles y una motocicleta incendiada así como una tienda OXXO saqueada, el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Antonio Sánchez Sierra comenta que el Estado cuenta con el respaldo de la ley para realizar acciones de tal naturaleza. Sin embargo, lo que no debe emplear el Estado son las formas como actuó en esta ocasión.
“El ayuntamiento tiene todas las leyes jurídicas y toda la razón para hacerlo. La norma establece en el Código federal de procedimientos penales, ciertas formas para realizar las cosas y esas formas fueron violentadas, porque se pasó a un aseguramiento total, que dejó a la gente insatisfecha, pues la mercancía decomisada no se les hacía saber hacia dónde iba y las personas lo tomaron como un robo. Lo ideal hubiera sido que levantaran un acta circunstanciada y que a cada comerciante le indicaran qué delito estaba cometiendo, para que éste, sin quedar en estado de improtección, acudiera a manifestar lo que a su derecho convenga y pudiera recuperar su mercancía, porque no puedes combatir ilegalidad con ilegalidad”.
Para agosto de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 35 por ciento de los comerciantes ambulantes entevistados, comentaron estar en este campo de la economía por la insuficiencia de ingresos que perciben de los llamados trabajos formales, y el 62 por ciento de los encuestados argumentó no tener otras opciones laborales de no ser el ambulantaje.
Para 2012, el INEGI informó que los 29 millones de trabajadores informales representaban casi el 60 por ciento de la población laboral activa y las personas que dependen del ambulantaje suman una cantidad mayor.
Sánchez Sierra dice que “si quitan a todos los que venden piratería, en los mercados y en los tianguis y a los ambulantes sin permiso, luego ¿dónde los pondrán a trabajar?, ¿qué alternativas ha generado, dentro del artículo 25 constitucional, el estado a la gente para que pueda desenvolverse en una economía legal? Se debe pasar a las acciones que permitan por parte del estado una economía no de supervivencia, sino de desarrollo profesional y de emprendurismo”.
El académico añade que los comerciantes ambulantes se montan en las calles porque tienen algún tipo de apoyo de parte de los ayuntamientos, pues trabajan con multas que pagan para ser “tolerados”, fenómeno que hace valer un líder que recibe apoyos sindicales y es quien se acerca al ayuntamiento.
El especialista comenta que lo que debe hacer el estado es corroborar quién está cobijando a estos comerciantes y no atacarlos directamente a ellos.
Jesús González, comerciante, nos platicó cómo libró a la policía y alcanzó a salvar su mercancía (en un operativo similar realizado en Obregón días antes del de San Juan de Dios), que se compone en su mayoría de juguetes y que vende sólo durante la temporada navideña. “Así es siempre. Dejan que se le olvide tantito a la gente, para que digan que el gobierno sí está chambeando, pero al rato regresan. Esta bola de ratas se llevan lo de uno y luego regresan y nos quieren vender nuestra misma mercancía al doble o triple de lo que nos cuesta”.
Al respecto, Antonio Sánchez argumenta que eso es lo que hace ver mal al estado y que propicia encontronazos como los ocurridos la tarde del viernes 31 de octubre.
“Mucha gente no entiende aún qué delito se comete al vender piratería o al estar de ambulantes. Entonces se debe trabajar en estrategias y no simplemente propiciar el estado de indefensión en el que quedan las personas que de allí viven”.
