La Universidad de Guadalajara está involucrada en la capacitación al personal del sector turismo en lo que se refiere a la prevención de la explotación sexual infantil. Laura Alicia Aguilar González, secretaria de la División de Estudios Socioeconómicos y profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), es la académica encargada de proporcionar este servicio por parte de la UdeG. Con ella colaboran estudiantes de dicho centro universitario, quienes replican la capacitación que proporciona a través de talleres al personal de las empresas interesadas.
La Universidad ha impartido cursos, durante 2014 y 2015, a 140 personas del hotel Buenaventura; 70 de la Administración Portuaria Intergral (API); 60 de la cadena Secrets y Dreams; 40 a Villamagna. La capacitación está basada en varios modelos educativos o talleres propuestos por la Organización Mundial del Turismo y ECPAT, una red mundial de organizaciones civiles, cuya base está en Tailanda, que fueron adaptados a las necesidades del país por medio del Código de Conducta Nacional para la Protección de los niños, niñas y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo.
Esta es parte de una política pública que viene desde la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y estatal, del ayuntamiento de Puerto Vallarta y de sectores sociales. “Se trata de enseñar a las personas a dimensionar la problemática de la explotación sexual infantil, problema del cual no está exento algún destino turístico. Todos son vulnerables”, dijo Aguilar González. Aclaró que el turismo no es el causante de la explotación sexual infantil, pero “sí un vehículo a través del cual se desplazan los delincuentes”.
En los talleres enseñan a las personas cómo fomentar la denuncia, la conformación de redes de apoyo con las autoridades locales y resaltar el código ético para el turismo, para que realmente sea aplicado para abatir el problema.
Detalló que hace falta más conciencia sobre el seguimiento del Código Ético del Turismo. “Por lo tanto hay que trabajar en torno a ello”, y especificó que existen alrededor de cuarenta firmantes del Código de Conducta entre los prestadores de servicio, incluidos hoteles, restaurantes y algunos organismos empresariales, por lo que la meta es difundir el taller en cada uno de éstos.
Destacó que en el ámbito nacional son más de mil 200 organizaciones las que han firmado el Código de Conducta, pero —aclaró— Puerto Vallarta es el único destino del país que ha aplicado el taller con el personal de los hoteles.
Una de las propuestas de algunos hoteleros es que sean capacitadas también las familias de sus colaboradores, lo que requeriría un trabajo académico de todo un año. Lo más urgente por el momento es un mayor número de facilitadores de los talleres. En su esfuerzo la académica del CUCosta es apoyada por alumnos de las carreras de Turismo, Psicología y Diseño Gráfico.
Mencionó la importancia de evaluar este tipo de capacitación impartida en los talleres, de ahí que Aguilar González está enfocada en realizar dichas mediciones.
Señaló que la Unicef y la Organización Mundial del Turismo (OMT), además de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), son los organismos que han indicado en el ámbito mundial el camino para intervenir en el problema. “Hay muchos países que han abierto los ojos en torno a la explotación sexual infantil, un problema que cada vez crece más, al cual se le corta una cabeza y surgen más, pero está clara la convicción de que no puede bajarse la guardia. Hay que seguir trabajando en torno al problema”.
Explicó que la explotación sexual infantil es un problema de carácter clandestino. Por lo tanto no es fácil detectar de forma rotunda a las víctimas en Puerto Vallarta. “No puedo hablar de números. Lo que sí puedo decir es que por las características del destino y por el tipo de turismo que se desplaza por todo el mundo, Puerto Vallarta es tan vulnerable como otros destinos”.
Añadió que no existe la confianza de que las leyes que combaten la explotación sexual infantil sean aplicadas y que las denuncias se ratifiquen. Tampoco hay al cien por ciento la certeza de que en los procesos no corrompan a jueces y autoridades. Agregó que con impunidad ninguna ley va a ser lo suficientemente efectiva para abatir el problema.
