En verdad que la situación de inseguridad y violencia que vivimos en el país y en el estado está llegando a niveles sumamente preocupantes y continúa agravándose. Un ejemplo de esta situación son los nueve mil 916 casos de homicidios dolosos presentados en lo que va de enero a mayo del presente año en el país, que rompieron el récord de homicidios en el mismo periodo del año 2011, que fue el más alto desde que en 1997 iniciaron el conteo.
Ha pasado lo mismo con los casos de secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Ante ello, la ciudadanía en tres municipios de Tamaulipas recientemente cerró 400 negocios por la inseguridad unos y como protesta otros, provocando pérdidas por dos millones 400 mil pesos de ventas de limones, naranjas y toronjas, y en varios estados hubo intentos o linchamiento de ladrones.
Estamos viendo cómo investigadores, autoridades y miembros de los cuerpos policiacos lamentan la deficiencia del “flamante” Sistema de Justicia Penal Acusatorio, principalmente por cuestiones de capacitación, y escuchamos cómo las autoridades federales, las estatales y las municipales se deslindan de estas situaciones de inseguridad y violencia, echándose la bolita.
El deber de cualquier autoridad, del nivel que sea, es prevenir eficazmente y frenar esta situación, y para ello es indispensable que actúen responsablemente, coordinándose entre sí. Deben revisar la falta de eficacia en la capacitación y perfeccionarla para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Si no pueden o no lo logran, entonces que se vayan y que vengan otros que sí lo consigan.
