ENRIQUE TOUSSAINT
“No tenemos petróleo, ni gas, ni agua; por ello, decidimos invertir en nuestra gente”, dijo el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, quien vino a México la semana pasada. Singapur pasó de ser un país en atraso, extremadamente desigual, a ser una economía próspera y con un modelo educativo que comienza a ser replicado en todo el mundo. Cada año, Finlandia y Singapur compiten por la solidez de su sistema educativo público.
La educación es el gran motor de movilidad social en nuestros países. Sin embargo, la austeridad presupuestal y el castigo financiero a las instituciones de educación pública, durante el auge del neoliberalismo en México y el inicio de este Gobierno que se asume posneoliberal, ha roto dicho ascensor social. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, con datos del INEGI, en la región Occidente, en donde se encuentra Jalisco, sólo 10% de los hijos con padres que sólo estudiaron la primaria, tienen posibilidad de alcanzar un título universitario. Dicha tendencia contrasta con el 65% de los hijos de familias de universitarios, que consiguen matricularse en educación superior. Lamentablemente, el entorno familiar y las condiciones económicas siguen marcando el futuro de las personas, mucho más que el mérito o el esfuerzo personal. Apostar por la educación pública es comprometerse con un modelo de sociedad en donde el aprendizaje es un derecho que tenemos todos y no una mercancía.
De la misma forma, la educación pública, así como la salud, es la mejor forma de garantizar crecimiento económico con equidad. Actualmente, en México el crecimiento económico queda en pocas manos. Y si analizamos el gasto público, nos daremos cuenta que la desigualdad en México no merma ni al momento de cobrar impuestos ni después de ejercer el gasto. Es decir, la intervención del Estado no contribuye a tener una sociedad más justa y equitativa. En los países con mayor nivel de bienestar, el gasto del Estado se ve reflejado en servicios que igualan a las personas sin importar su origen económico. Movimientos de protesta como el que vemos en Chile tiene un origen en el crecimiento económico excluyente.
La Universidad de Guadalajara no sólo constituye, en Jalisco, una inigualable palanca de justicia social —la mitad de los estudiantes de la Universidad provienen de segmentos socioeconómicos medios o bajos—, sino que también es un instrumento para lograr un estado más cohesionado y con menos asimetrías regionales.
La articulación de la Red Universitaria supone que la UdeG tiene presencia en 109 de los 125 municipios del estado. No existe institución con mayor arraigo territorial. La política de descentralización de la Universidad, que cumple 25 años, también invita a repensar el modelo de desarrollo urbano y evitar el despoblamiento de las regiones y su posterior migración a la capital. Es crear oportunidad al interior del estado, una asignatura pendiente de los gobiernos desde hace décadas.
La Red tiene muchos desafíos por delante, entre ellos la calidad, los mejores salarios a los profesores, infraestructura y, por supuesto, cobertura. Sin embargo, 25 años después, la Universidad es otra. El presente de Jalisco no se entendería sin la transformación universitaria.
*Analista político en Zona 3 Noticias.
