RUTH PADILLA MUÑOZ / RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
La población migrante es un sector que representa vulnerabilidad por su condición de ilegalidad, pobreza y marginación al carecer de oportunidades de empleo, vivienda y en ocasiones también de su familia. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que en 2019 se registraron casi 272 millones de habitantes en ciudades distintas a su país de origen, lo cual representa el 3.5% de la población a nivel mundial, de este total, el 47% eran mujeres.
La migración es un fenómeno que el hombre ha vivido desde que existe, sin embargo, el género hace que ésta tenga una connotación diferente, por las condiciones a las que se enfrentan las mujeres.
En el caso de México, se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de la migración. Por una parte, la población mexicana se mueve en la búsqueda de mejores oportunidades de empleo hacia otros países, principalmente Estados Unidos, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018) el 84% de la población emigró a este país y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), reportó para el mismo año que habían 12.3 millones de residentes mexicanos en territorio estadounidense.
Y por la otra, nos hemos convertido en el lugar de paso de los países que conforman el Triángulo del Norte de Centroamérica (TNC): Guatemala, Honduras y el Salvador, dadas las circunstancias de pobreza e inseguridad de estos países.
Las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres son distintas entre las mexicanas que emigran al norte y las centroamericanas que llegan al sur.
Para la emigración femenina hacia el norte, hay desventajas con la población de Estados Unidos y respecto a los hombres mexicanos migrantes, tales como la falta de cobertura médica, que en 2017 fue del 27.6% o su actividad laboral, que las ubicó principalmente en el sector servicios con un 81.6%, mientras que los hombres tienen más oportunidades de desarrollo al emplearse además del sector servicios (48%), y también en la industria (45.7%). Sin embargo, tienen algunos derechos que les permite contribuir con las remesas para el país y sus familias. En 2018, las mujeres enviaron el 11.5% de las remesas a México.
Para las migrantes de la frontera sur, es importante mencionar que su tránsito laboral es transfronterizo, es decir, estancias cortas que no implican un cambio de residencia y dada la cercanía con el estado de Chiapas, la mayor parte de la población que se identifica en esta situación son guatemaltecos. En 2017, se contabilizaron 292 mil 461 eventos, de los cuáles el 15% eran mujeres. Su situación de vulnerabilidad como migrantes y con bajos niveles de educación, las ubica principalmente en el sector de servicios domésticos, con el 48%, seguido por actividades agrícolas con un 38.8%[3].
Rojas (2019) menciona que la calidad de los empleos se caracteriza por la falta de prestaciones, por ejemplo, sólo 23.7% tiene vacaciones con goce de sueldo, 18.6% servicio médico y 16.6% goza de una licencia o incapacidad con goce de sueldo. De acuerdo con este estudio, se señala que las mujeres guatemaltecas en cada flujo migratorio se exponen a distintos riesgos por pertenecer a algún grupo étnico, religioso, por su condición de pobreza, por la falta de documentos migratorios o por una combinación de éstas. A esto se suma la falta o manipulación de la información que las hace víctimas de extorsión o maltrato.
Este sector de la población en México y en el mundo es un eco de los problemas que padecen las mujeres hacia donde debemos mirar y atender de manera urgente, desde la sociedad civil, las autoridades y las oficinas de derechos humanos, ante una situación que también es cuestión de género.
