Las pensiones en México son un problema complejo. Si observamos la composición del mercado de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el primer trimestre de 2020, el 43.9% de la población mexicana tiene una ocupación formal y un 56.9% trabaja en la informalidad. Por tanto, este último grupo no aporta recursos al Sistema de Pensiones.
Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (marzo 2019), publicó un artículo firmado por Azuara et al, donde se dice que “pese a sus logros, el sistema pensional mexicano enfrenta desafíos muy importantes, dado el rápido envejecimiento demográfico, las características del mercado laboral y las deficiencias del diseño institucional de los sistemas de pensiones que coexisten hoy en día».
El alto porcentaje de personas que trabajan en la informalidad, “impide contar con un sistema previsional que dé una cobertura y un financiamiento adecuados” para garantizar una pensión al llegar a los 65 años.
Es importante destacar que el documento citado menciona que en nuestro país persiste un sistema de pensiones fragmentado del sector público y privado, al operar con subsistemas que establecen condiciones distintas para obtener una pensión.
Esta situación hace que la información sea opaca y dificulta el conocer todos los tipos y características de las pensiones en las instituciones. Además, algunos sistemas fueron creados con beneficios definidos, pero sin un esquema de viabilidad financiera, lo cual hace vulnerable la sostenibilidad de la organización.
¿Por qué es importante el régimen de pensiones? En México la esperanza de vida es de 75.1 años actualmente y aunque los esquemas de las pensiones son distintos, la mayoría coincide con la edad de retiro que es de 65 años o 60 si se requiere una jubilación anticipada, y en el caso del Instituto Mexicano para el Seguro Social (IMSS), que representa el 85% de las cotizaciones en el sistema de pensiones, además se debe contar con el número de semanas cotizadas que equivale a mil 250 (de acuerdo con la Ley del IMSS de 1997).
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), solo el 24% tendrá acceso a este derecho, porque serán aquellos que alcanzarán el número de semanas cotizadas, el resto estará condicionado a la pensión universal creada por el gobierno federal, donde el requisito para acceder a estos recursos es contar con 68 años cumplidos para recibir un monto de mil 275 pesos mensuales. Esto no garantiza las condiciones de calidad de vida para la vejez, donde la situación de salud es más precaria.
Una problemática más que se suma al sistema de pensiones en el país, es la contribución tripartita de este régimen, que es del 6.25%, donde el patrón aporta el 5.15%, el trabajador 1.125% y el gobierno 0.225%, para el caso de los afiliados al IMSS, mientras que en otros países como Argentina es del 27%, Brasil entre 28 y 31% y España un 28.3%.
Ante este panorama, un respiro para el régimen de pensiones para el grupo de la población que está en el trabajo formal, es la reciente iniciativa para modificar la Ley del Seguro Social de 1997, misma que fue enviada al Congreso de la Unión para su revisión y aprobación, en la cual se propone incrementar el porcentaje de cotización del 6.5% al 15% en un periodo de ocho años (esto dependerá del salario del trabajador) donde la aportación más grande la hará el patrón (13.875%) y se mantiene la composición, tanto del trabajador (1.125%), como del gobierno (0.225%). Asimismo, se reduce el número de semanas de cotización de mil 250 a 750 semanas, aunque se mantiene la edad de jubilación antes expuesta.
Con esta medida se esperaría que los trabajadores alcancen una pensión mínima garantizada de alrededor de 4 mil 345 pesos con catorce años de semanas cotizadas (40% en promedio más de lo que reciben actualmente).
Ésta es una medida paliativa para el sistema de pensiones. Se prevé que la reforma beneficiará a un 24% de la población ocupada, que está bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 (12% está bajo el régimen de 1972 y 4% son trabajadores del gobierno), por tanto, el resto debe estar preparado para hacer frente a una situación que es ley de vida: la vejez, y mucho dependerá de las decisiones que se tomen hoy para alcanzar la solidez financiera que garantice la seguridad de vivir con dignidad en dicha etapa.
