Uno de los grandes logros en México es el acceso a la información que cada día se consolida mediante los distintos órganos generados para la vigilancia, coordinación y transparencia de la información.
El interés de la sociedad y el acceso a los datos queda evidenciado con el crecimiento en las solicitudes de información pública y datos personales que reporta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que en 2019 se recibieron 320 mil 768 solicitudes, mientras que en 2015 habían sido 171 mil 503.
El acceso a la información es un beneficio para la ciudadanía, que, además de su derecho a saber, también se convierte en una vía para transparentar la gestión de los recursos públicos y evitar la corrupción; aunque es de reconocer que esto no ha sido suficiente para detener, disminuir y mucho menos eliminar su presencia constante en el país, como se muestra en el ranking del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 130 de un total de 180 países.
El problema resulta más preocupante cuando algunos estudios revelan que los costos más altos de la corrupción se reflejan en los grupos vulnerables de la población, lo que acrecienta las desigualdades.
Recientemente Oxfam publicó un documento donde se indica que la corrupción no se concentra en las grandes inversiones, sino en los recursos que se dirigen a los programas de desarrollo social: de cada diez pesos que se pierden en potenciales actos de corrupción, cinco están destinados a gasto social. Con datos de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2000 y 2018, se analizaron las observaciones realizadas a las distintas entidades que ejercieron gasto público y se encontró que solo el 14% del dinero relacionado con infraestructura no se pudo aclarar o recuperar, mientras que en el gasto en desarrollo social fue del 53% no aclarado.
Por su parte, la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, identificó una disminución de 40% en el número de personas que pagó un soborno en el país, al bajar de 22% en 2019 a 13% en 2020; el monto del soborno en los hogares también disminuyó al pasar de $633.00 pesos por evento a $433.00 pesos para los mismos años. Sin embargo, el costo del soborno para los hogares más vulnerables (aquellos que perciben menos de seis mil pesos mensuales) que representan el 25% de la población, representó el 19% de sus ingresos, mientras que para la población que tiene ingresos mensuales superiores a los seis mil pesos, el costo es del 12%.
Uno de los grandes problemas para erradicar la corrupción es la prevalencia de la impunidad o la falta de castigo, la cifra negra de los actos de corrupción se estima en un 92% de impunidad y la percepción de los ciudadanos de que denunciar actos de corrupción es inútil es del 61%.
Ante este panorama, pareciera que la apertura de la información se convierte en un mero requisito para cumplir con los estándares nacionales e internacionales y el interés ciudadano por conocer los datos se transforma en apatía. Los esfuerzos para validar los sistemas de información deben permear en un compromiso institucional que responda con un sistema de justicia efectivo y confiable que blinde las garantías de los ciudadanos para afianzar la cultura de la denuncia.
El próximo 28 de septiembre se conmemora el Día internacional del derecho de acceso universal a la información, que desde el 2015 proclamó la Organización de las Naciones Unidas. Los esfuerzos gubernamentales por transparentar la información han sido evidentes, sin embargo, conocerla ya no es suficiente si no se aplican medidas de prevención y corrección para combatir un añejo problema de nuestro país y en especial paliar la desigualdad que esto genera en los hogares que menos recursos tienen.
