Violencia de género desde la perspectiva política y laboral

Aunque se han creado mecanismos digitales que facilitan el registro de la denuncia, plantear los protocolos no es suficiente si se carece del acompañamiento normativo, psicológico y solidario por parte de la entidad laboral hacia las denunciantes

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La violencia de género se manifiesta en múltiples dimensiones, desde la casa con la violencia intrafamiliar, en la escuela con el bullying, en el trabajo con el acoso, hostigamiento o ciberacoso y en la política con la subrepresentación de las mujeres en cargos de elección popular o agresiones y amenazas de las que son víctimas las candidatas.

En las pasadas elecciones 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró 37 quejas y 26 solicitudes de medidas cautelares en el tema de violencia política en razón de género y Observatoria Todas Mx, informó que 21 candidatas fueron asesinadas.

A pesar de estos hechos, las postulantes tuvieron resultados favorables con el aumento de más puestos de representación. De las 15 gubernaturas que se disputaron el 6 de junio, seis serán presididas por mujeres y en particular, en el estado de Jalisco por primera vez el congreso estatal estará representado por 24 diputadas y 14 diputados, una legislatura predominante de población femenina.

En el ámbito laboral, las mujeres se enfrentan a distintas dificultades que limitan su crecimiento profesional y personal. La tasa de participación en la fuerza de trabajo femenil en el mes de enero de 2021 fue de 40.5%, mientras que para los hombres fue de 73.3%. Una de las limitaciones más frecuentes es el acoso en el espacio de trabajo, que tiene distintos matices, ya que puede ser físico, sexual o psicológico.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI (ENDIREH, 2016), menciona que el 26.6% de las mujeres con 15 años y más ha sufrido violencia laboral, principalmente emocional, sexual o física, a lo largo de su vida; identifica como los principales agresores a los compañeros de trabajo (31.8%), el jefe o patrón (23.8%) y el supervisor o coordinador (10.5%).

Asimismo, la Encuesta revela que un 21.9% de las trabajadoras se han sentido discriminadas, un 10.3% han tenido menos oportunidades que los hombres para ascender y un 9.2% percibieron menos salarios que un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto.

Estas conductas en el lugar de trabajo pueden impactar en diferentes aspectos, tales como la falta de motivación para realizar su empleo, disminución de la productividad, consecuencias en su salud emocional o simplemente llevarlas a la renuncia, lo que implica quedarse temporalmente sin ingresos.

Los datos del INEGI del tercer trimestre de 2021 indican que aproximadamente 17 mil mujeres abandonaron su empleo por acoso o discriminación, mientras que, en el caso de los hombres, fueron cerca de 9 mil 500.

A pesar de que la Ley Federal del Trabajo ya considera establecer en los centros de trabajo un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual y, además, existen las agencias o fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres, prevalece la cultura de la no denuncia.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que el 91.2% de las mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual en el trabajo no denunció el hecho, porque se trató de algo sin importancia, que no le afectó (41.1%); por miedo a las consecuencias (23.9%); por vergüenza (14.9%); no sabía cómo denunciar (20%), o pensó que no le creerían (17.1%).

Aunque se han creado mecanismos digitales que facilitan el registro de la denuncia, para la víctima existe un desconocimiento del procedimiento legal y las consecuencias que esto implica en términos sociales y económicos, ante la exposición con sus compañeros, familiares y amigos, la posible pérdida del trabajo o del caso y con ello de los ingresos. Por tanto, plantear los protocolos no son suficientes si se carece del acompañamiento normativo, psicológico y solidario por parte de la entidad laboral hacia la denunciante.

Cambiar el escenario de la violencia política y laboral de las mujeres es un tema que urge atender para que las futuras generaciones desarrollen su trabajo en un ambiente de respeto y dignidad, que permita caminar hacia la construcción de un clima de igualdad de oportunidades.

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