Los derechos de las mujeres en torno al aborto y los retos que enfrentan los médicos del sector público frente a la interrupción del embarazo, fueron tratados en el Foro “Despenalización del aborto, una mirada desde las ciencias de la salud”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, celebrado este 28 de septiembre.
A raíz de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el aborto, sería el momento ideal para que las legislaturas estatales pudieran hacer las adaptaciones correspondientes en torno a la despenalización de la interrupción del embarazo, declaró Irene Córdova Jiménez, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en el foro que fue transmitido a través de Internet.
Como contexto, la SCJN declaró inconstitucional, el 7 de septiembre pasado, la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció su derecho a decidir si quieren ser madres o no. Para ello, fue invalidado el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía pena de prisión a la mujer que voluntariamente interrumpiera su embarazo o a quien se lo practicara con el consentimiento de ella.
Córdova Jiménez habló de la importancia de los servicios de salud para la interrupción del embarazo, ya sea en caso de violación, cuando hay riesgo de salud o de vida para la mujer; cuando el embrión o feto presenta una alteración genética o congénita, cuando hay un embarazo por una inseminación no consentida, o por la decisión de una mujer de interrumpir el embarazo antes de la semana 12 de gestación.
Denunció que en las prácticas cotidianas de algunas instituciones de salud no se suele proporcionar información a las mujeres en los casos de embarazo con producto anencefálico.
Y añadió que en Jalisco, en muchas instituciones de salud federales o estatales, se les ha negado a las mujeres la interrupción del embarazo anencefálico, aun cuando en diferentes ámbitos se ha dicho que llevar a término un embarazo de este tipo es equivalente a tratos de tortura contra una mujer.
Tania Jocelyn Jiménez Mexía, integrante de la Red de Médicas y Psicólogas Feministas, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN, ya que es un paso más para que las mujeres puedan acceder a no ser revictimizadas. Agregó que los médicos deben de conocer los derechos básicos y humanos, pues “no se puede atender sin derechos humanos, y sin tomar en cuenta la dignidad y vida de las personas”.
Denunció que la manera de atender a adolescentes y mujeres con capacidad de gestar en las áreas médicas ha sido muy violenta y estigmatizada por el desconocimiento y doble discurso de salvar las vidas. “A veces, no se ve a quién se salva”, declaró.
La fundadora de la organización Acompañamiento Después de un Aborto Seguro (Adas), Olivia Ortiz Ramírez, subrayó la violencia ligada a la vida sexual y la vida reproductiva de las mujeres, y refirió que el personal que atiende a las mujeres que llegan a los servicios públicos tendrían que tener un enorme conocimiento sobre cómo abordar y reconocer esa violencia.
