El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional la criminalización del aborto en México es un arma de doble filo que si bien da el derecho a las mujeres para decidir sobre su cuerpo, también abre la puerta para que las empresas dedicadas a la gestación subrogada, conocida como “vientres de alquiler”, puedan establecerse de manera legal en el país, afirmó Núria González López.
En la presentación de su libro Vientres de alquiler. La mala gente, organizada por académicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y de la organización Parité. Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, la académica y asesora declaró que aunque la decisión del máximo órgano de justicia es acertada y responde a las demandas de grupos feministas, también podría ser aprovechada para otros intereses que van en contra de los derechos promovidos por ese movimiento.
“La decisión de la Suprema Corte no sólo da la razón a la no criminalización del aborto, sino que insta a las entidades federativas a legislar en la materia, más claro que el agua. Es un arma de doble filo: está bien y ya es hora de que en México deje de haber mujeres en la cárcel por abortar; el derecho al aborto es un derecho humano, pero hay que tener muy claro de dónde viene el tiro, que si ha sido ahora no es casual, porque si no hay aborto no puede haber industria de los ‘vientres de alquiler’, porque de otra manera no se pueden terminar los contratos”, explicó.
González López, quien ha sido Jueza del Tribunal de Derechos Humanos de Mujeres Indígenas en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, explicó que estas empresas funcionan en países desarrollados y en los más pobres bajo un esquema en el que conectan a parejas heterosexuales u homosexuales con mujeres por lo general precarizadas que rentan su cuerpo para parir un hijo.
La manera de hacerlo es mediante contratos en los que la mujer debe firmar desde antes de embarazarse, lo que la obliga a aceptar ingerir todo tipo de medicamentos para favorecer la fertilización, así como someterse a todo tipo de procedimientos para lograr un embarazo en el que los contratantes estén satisfechos con el producto, lo que incluye la posibilidad de practicar abortos selectivos si el feto viene con alguna malformación o defecto.
Detalló que en estos contratos la mujer no tiene posibilidad de arrepentimiento y debe de seguir las indicaciones de los contratantes y de la empresa que la reclutó hasta que se desprenda del bebé.
“Son contratos que versan sobre una materia que no deberían versar –abundó–, porque las personas están fuera de contratos mercantiles. Además de eso, para que un contrato sea válido es que haya posibilidad de arrepentimiento en alguna de las dos partes, y en éste no lo hay, sólo con eso lo haría nulo ante cualquier tribunal. Es decir, estamos ante una serie de fraudes de ley, de antijuricidad, que se aplican y se manejan porque hay interés de empresas que quieren que sea así”.
Dijo que en España este tema es reprobado por la opinión pública porque involucra no sólo la vulneración de los derechos de las mujeres, sino también los de las niñas y niños; por ello, es importante que la sociedad mexicana conozca el tema antes de que los intereses de las empresas impulsen una legislación para favorecer esta forma de maternidad.
María Antonia Chávez Gutiérrez, académica del CUCSH y miembro del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas, subrayó que esta forma de reproducción asistida es una de las modalidades de trata de personas que, sin embargo, no está identificada ni reconocida por el gobierno mexicano.
“En el caso de México no está reconocido dentro de esas once modalidades de trata de personas. La pregunta es qué tendría que replantearse jurídicamente, desde los diferentes escenarios, para garantizar la visibilización de que los vientres de alquiler es una forma más de la explotación de los cuerpos humanos sumados al trabajo forzado y a la explotación sexual”, denunció.
