La suposición del secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, expresada durante la Consulta nacional “Diagnóstico, normatividad y propuestas legislativas para la educación”, que tuvo lugar el pasado viernes 9 de septiembre en Expo Guadalajara, fue desalentadora:
“Aunque México decidiera destinar todo su gasto completo en educación, no invirtiera en salud, en infraestructura, en carreteras, que se dejara todo el dinero para educación, aun así no alcanzaríamos a los cinco países de la OCDE que más invierten en educación por alumno”.
Y eso que solo fue una suposición. Y provenía del secretario de Educación.
De acuerdo con el Rector general de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, quien días previos al evento citara algunos datos periodísticos, mientras México invierte tres mil 300 dólares al año en promedio por cada alumno que estudia desde primaria hasta universidad, los países más desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan casi el doble, unos seis mil 281 dólares.
La larga carrera educativa que inicia en el preescolar hasta, de ser posible, un doctorado conlleva diversos obstáculos y pruebas durante los más de 23 años, en promedio, que pasa un mexicano en el aula.
Datos que proporcionó en la consulta nacional el presidente de la Comisión de educación pública y servicios educativos, de la Cámara de Diputados, Salvador Martínez della Roca, trazan el panorama del sistema educativo nacional.
El analfabetismo abre la caja de Pandora. El legislador hizo un recuento de la proporción de analfabetas por estado y empezó con el anfitrión: por cada 100 habitantes en Jalisco, hay seis personas que no saben leer ni escribir. El número resulta confortante si tomamos en cuenta entidades como Chiapas, donde existen unos 30 analfabetas por cada cien pobladores.
No obstante, de la población de 15 años o más en Jalisco, el 26.5 por ciento no tiene la primaria terminada. “¡Ojo señor gobernador!”, dijo Martínez della Roca al asegurar que de los jaliscienses de 18 años o más, el 86.8 por ciento no posee instrucción superior.
Financiamiento: la antigua política del garrote
Una de las piedras de toque en materia de educación superior, y en general en todos los niveles de instrucción, es la del dinero. En este sentido, Reyes Tamez expresó la labor que ha desarrollado desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública.
De acuerdo con el funcionario, el presupuesto en 2001 destinado a este rubro era de aproximadamente 220 mil millones de pesos. Para finales de 2005, el gasto en educación habrá aumentado en poco más de 10 mil millones de pesos, con lo que alcanzará cerca de los 331 mil millones.
Pero ¿qué pasará en 2006? En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Legislativo, el gasto sufre un recorte de casi 17 mil millones. Así, para 2006 solo se destinarán 314 mil 052.2 millones de pesos.
En su exposición ante los actores políticos y sociales presentes en la consulta, el Rector general, José Trinidad Padilla López, consideró la inversión en el sector educativo como un pilar fuerte en el desarrollo del país. Citó el caso de España y Corea que bajo una situación similar a la de México, o aun peor en un momento dado, le apostaron a la educación como una fábrica de recursos humanos que podría sacar adelante ambos países.
Padilla López mostró cómo en los últimos 60 o 70 años el tema del financiamiento, al menos –subrayó– en educación superior, ha constituido la “manzana de la discordia”. Fue incluso “el lugar de desencuentro que se manifestó en algunos episodios dolorosos de la historia nacional”.
Es hasta mediados de los 90 que los universitarios del país, junto con el gobierno federal, empezaron a concebir nuevos criterios para la asignación de recursos, si bien todavía falta mucho por hacer.
En el caso de la Universidad de Guadalajara, que ha obtenido recientemente recursos adicionales, aprobados por el Congreso de la Unión, ambas partes, gobierno e institución, han jugado un papel importante junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Esta fórmula le ha funcionado a la UdeG, y aunque falta un procedimiento homogéneo que incluya otras instituciones o transforme el modelo de repartir el dinero a las universidades, al menos ha habido un cambio, como lo manifestó Padilla López: “ya no se trata de superar aquella lógica del ‘si te portas bien, te doy’, la llamada ‘política del garrote’ o del ahorcamiento financiero”.
El secretario general de la UdeG, Carlos Briseño Torres, en su participación en el foro exhortó a los responsables de la política educativa a garantizar el ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) del país a la educación. De ahí, es necesario desglosar, dijo, un 2.5 por ciento para la educación superior y al menos uno por ciento para ciencia y tecnología.
Respecto a este último rubro, la administración foxista prometió, al inicio de su gestión, alcanzar la unidad porcentual al término del sexenio. Desgraciadamente, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología ha oscilado entre el 0.3 y 0.4 por ciento, y no se ve que llegue a la cifra prometida.
“Es ofensivo para el pueblo de México que se hayan establecido montos, reglas, proporciones y avanzadas fórmulas matemáticas para el financiamiento a campañas electorales, y se haya sido incapaz de hacer algo semejante en materia de financiamiento para la educación superior”, dijo Briseño Torres.
No obstante, el viernes 9 de septiembre ya se dio un paso. Hubo un espacio de diálogo donde académicos, legisladores y funcionarios intercambiaron opiniones, propuestas que podrían darle un giro al sistema educativo nacional. El material ahí reunido será analizado y sometido a debate en otro foro dentro de unos cuantos meses.
Habrá que esperar. No hay prisa, pues “los cambios en educación se dan cada 10 años”, puntualizó serenamente la diputada y ex panista Tatiana Clouthier.
