Todos sabemos que la corrupción socava la democracia y el estado de derecho, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite que prosperen el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana; y también sabemos que en México y en Jalisco esta es una realidad cotidiana entre funcionarios, legisladores, magistrados, jueces, policías, agentes del ministerio público, inspectores, etc.
Lo que es sorprendente es como en otros países han caído hasta presidentes; solamente en lo que va del año Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, y Mariano Rajoy, presidente de España, tuvieron que renunciar a sus cargos por estar implicados en casos de corrupción, pero en México y en Jalisco no pasa nada; recordamos que en México siguen pendientes los casos de los sobornos de la empresa Odebrecht y del desvío de miles de millones de pesos de la famosa “Estafa Maestra” en los que están involucrados altísimos funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal, y en Jalisco siguen pendientes las denuncias penales que interpuso la Contraloría del Estado de Jalisco en octubre de 2013 por daño patrimonial superior a los 7 mil 573 millones de pesos en contra de la administración gubernamental de Emilio González Márquez.
Eso es lo que se llama impunidad y estimula y refuerza la corrupción, a pesar de los discursos y “los sistemas anticorrupción” implementados.
