El reto fue lanzado por los promotores del centro de convenciones en el Estero del Salado de Puerto Vallarta:
“Qué defienden. En el estero ya no hay nada. Ni los cocodrilos que antes había. Ya no queda ninguno”.
Héctor García Lugo, un amigo periodista captó la bravata y la convirtió en venta de su periódico.
Armado con una cámara, en una pequeña lancha se adentró en las aguas del estero y deambuló por los canales.
De pronto lo vio. Estaba con las fauces abiertas tendido en la orilla ajeno a los intrusos, a los promotores del centro de convenciones y a quienes afirmaban que no debería estar ahí.
Al día siguiente el periódico local publicó la fotografía del boquiabierto saurio con el escándalo habitual de los diarios vallartenses:
“¡Aquí está uno!”.
Este es solo un ejemplo de la enconada lucha que sostienen quienes promueven la construcción del centro de convenciones y los que defienden el estero.
Por una parte, inversionistas, promotores turísticos, autoridades y empresarios, aseguran que Puerto Vallarta necesita urgentemente contar con este tipo de instalaciones para poder competir con otros destinos como Acapulco y Cancún.
Por otro lado, los ambientalistas sostienen que se terminaría con uno de los escasos cuerpos de agua y hábitat de distintas especies de la costa.
Lo cierto es que más de 10 años después de haber iniciado formalmente el proyecto, todavía no ve la luz entre otras razones porque no se han hecho las cosas como debieran.
El origen del problema fue la expropiación del predio donde se repitió el mismo procedimiento caótico que ya es tradicional en Puerto Vallarta.
A fines de la década de los 60, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, emitió el decreto que expropiaba buena parte de la superficie que hoy tiene Puerto Vallarta.
Se conformaría un fideicomiso para ordenar el crecimiento del destino turístico, con el fin de impulsar su desarrollo.
Al amparo del decreto expropiatorio como del mismo fideicomiso, fueron cometidos numerosos abusos y negocios, al grado que el supuesto orden que pretendía darse al destino y su posterior auge turístico, quedaron solo en el papel.
Algunas familias, funcionarios y ejidatarios, convirtieron al crecimiento “planeado” de Vallarta en un negocio personal.
El 16 de mayo de 1994 se decretó la expropiación de 289 hectáreas a los ejidos El Coapinole y Puerto Vallarta y se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad el 5 de diciembre de 1997 con el pretexto de que se trataba de una expropiación por “causa de utilidad pública”.
La intención era impulsar la creación de un Centro de Usos Múltiples que sería desarrollado por un patronato y administrado por particulares en una estratégica porción de tierra cercana al aeropuerto vallartense.
Sin embargo, según documentó en su momento el periodista de Red Radio Universidad José Galindo, en el proceso de expropiación la autoridad habría incurrido en una “omisión técnica” al incluir en la superficie al estero del Salado como “terrenos de agostadero y pastizal”.
Por ley, los cuerpos de agua como el caso del estero, son propiedad de la nación y su resguardo corre a cargo entre otros de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Al incluir en el decreto expropiatorio el estero con las características citadas y pese a que se trataba de una zona natural protegida, los gobiernos estatal y municipal colocaron en posibilidad de urbanizarlo y poner en riesgo flora y fauna del lugar.
Aunque las autoridades han insistido que será apenas una pequeña parte la que será urbanizada y que no se tocará la zona natural protegida, especialistas en el tema advierten que sí tendrá impacto en el estero cualquier desarrollo que se realice junto al mismo.
Por si fuera poco, en la expropiación el gobierno habría realizado un excelente negocio.
Los ejidatarios recibieron como indemnización por la superficie expropiada, 30 millones de pesos en dos exhibiciones. Es decir, les pagaron a ocho pesos el metro cuadrado.
Diez años después del proceso, el metro cuadrado en ese sitio y pese a que no cuenta todavía con la infraestructura, fluctúa entre los 90 y 100 dólares, aunque en manos de desarrolladores inmobiliarios podría aumentar hasta a 400 dólares.
Para administrar las 70 hectáreas que el gobierno planea desarrollar, fue creado el Fideicomiso para la Protección del Estero y el Desarrollo de las íreas Colindantes (FIDEES), quien al mismo tiempo cedió la operación al Grupo Bancomer BBV de capital español.
Diez años después de iniciado el camino para la construcción del complejo que albergaría el Centro de Usos Múltiples y la zona comercial, solo la primera piedra ha sido colocada en actos protocolarios encabezados por el gobernador.
Los inversionistas que estarían listos para invertir en una primera etapa hasta 400 millones de pesos, siguen esperando que el proyecto camine pero encuentran una fuerte oposición por parte de ambientalistas y buena parte de la sociedad vallartense.
El caso del estero del Salado es solo uno de los más claros ejemplos de la encrucijada que enfrenta el gobierno municipal de Gustavo González Villaseñor.
Aunque no es algo imputable a su administración porque el proyecto del Centro de Usos Múltiples en el estero del Salado tiene varios años de estarse cocinando, a González Villaseñor le cuestionan que mantenga la misma línea de los anteriores alcaldes que empujaron la consolidación del complejo en afán de proyección del municipio y por encima de consideraciones ecológicas.
Además, le suman la polémica por otros desarrollos habitacionales que han brotado como hongos en la montaña y fraccionamientos que habrían sido iniciados sin tomar en cuenta planes parciales de desarrollo y la misma legislación en la materia.
El más sonado ha sido el del mega proyecto “Grand Venezian”, un complejo de torres que se levanta junto a la playa por encima de la altura permitida y violando presuntamente el uso de suelo establecido para esa zona.
Sin embargo, los promotores del desarrollo critican que la autoridad haya dado anuencia al uso de suelo para comenzar la construcción y posteriormente diera marcha atrás cuando ya existían recursos comprometidos.
La administración de Gustavo González Villaseñor también ha sido severamente criticada por la demolición de jardines públicos para construir estacionamientos, si bien reconocen que la falta de estacionamientos es un grave problema en el destino turístico.
Como Puerto Vallarta es un municipio muy complejo donde basta con ser presidente municipal para ya ser cuestionado por todo, es evidente que el actual presidente tiene varios problemas serios que resolver.
Primero que nada, fue un candidato muy fuerte que ganó las elecciones para el PRI y recuperó la alcaldía después de tres administraciones consecutivas en manos del PAN y generó demasiadas expectativas.
Por lo mismo, fue un hecho evidente que el equipo de trabajo que conformó no estaba a la altura de las circunstancias y que con sus honrosas excepciones, no tenían la capacidad para sacar adelante el paquete que representa gobernar a este municipio.
Por otra parte, el alcalde mismo es cuestionado por sus constantes viajes y su labor de promotor del puerto mediante la organización de actividades artísticas.
La gente celebra la realización de conciertos masivos donde han actuado Juan Gabriel, Alejandro Fernández, Raúl Di Blasio, entre otros, pero es incapaz de enumerar las obras realizadas en beneficio de la ciudad.
El alcalde ha cometido además la omisión política de cada vez estar más alejado de quienes lo apoyaron para llegar a la alcaldía y desconocido a viejos amigos.
Hubo quienes en su momento le hablaron al oído para convencerlo que podría ser gobernador de Jalisco y hasta lo aconsejaban para que abriera una casa de campaña en Guadalajara.
Al final decidió rechazar el proyecto.
