Si la iniciativa en México para reformar la Ley de radio y televisión es aprobada tal y como está redactada, se afianzará la concentración de los medios de comunicación en unas cuantas empresas, aseguró el especialista de la UdeG, Enrique Sánchez Ruiz.
La propuesta que analizará por segunda vez el Congreso de la Unión durante el próximo periodo de sesiones ha sido criticada porque responde a los intereses particulares de los grandes organismos mediáticos, como Televisa.
Para el investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social, de esta casa de estudios, el asunto no es que las empresas pretendan favorecer sus intereses, “el problema es cuando quieren imponerlos como una necesidad de la sociedad en general”.
Los intereses de Televisa, dijo, no son los del país entero, como quieren hacernos creer desde hace mucho. “El resto de los grupos sociales contamos con intereses propios. Los receptores tenemos derecho a recibir otro tipo de contenidos y disponer de una programación alternativa a la que nos ofrecen las grandes televisoras. Ahí es donde los legisladores deben actuar como verdaderos representantes del pueblo de México”.
Uno de los aspectos que no se ha discutido lo suficiente es la actualización tecnológica. La iniciativa de reforma privilegia la explotación de recursos, sin embargo, “el proyecto debe especificar qué contenidos serán emitidos mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y a quiénes se les otorgarán los derechos de explotación. Ambas cosas son importantes, pues lo que ven los mexicanos depende de cómo está distribuido el control y la propiedad de los grupos”.
Aun cuando exista una adecuada regulación de contenidos, si uno o dos grupos controlan la circulación de mensajes, añadió, estaremos ante el mismo monopolio. “Corremos el riesgo de que la diversidad cultural se pierda, que no se dé voz a los otros y, por tanto, los medios se vuelvan un estorbo en la consolidación de la democracia más que un instrumento para fomentarla”.
Ante este panorama, es necesario que los legisladores retomen la iniciativa que presentó un grupo de diputados como resultado de la consulta nacional con diversos actores de la sociedad. Este documento recogía varias propuestas para regular los medios de comunicación en México y consistía en un proyecto “inclusivo y más democrático que el actual”.
La iniciativa de Ley de radio y televisión fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión en diciembre de 2005. Sin embargo, al turnarla para su revisión y aprobación en el Senado, los diputados decidieron dar marcha atrás y posponer su discusión hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero.
Abandonados a su suerte
Si bien se supone que la iniciativa elimina la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos para operar canales de radio y televisión, en la práctica no ocurriría así, pues favorecería a las empresas más poderosas.
El investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social, Pablo Arredondo Ramírez, argumentó que al someter los permisos y concesiones a una licitación pública, da la impresión de que la subasta deja abierta la posibilidad a quienes disponen de más recursos.
“Criterios como la pertinencia, el proyecto de comunicación o la evaluación del trabajo de los comunicadores actuales quedan supeditados a si una empresa cuenta con los recursos para ser el mejor postor”.
De esta manera, dijo, las radiodifusoras y televisoras culturales, comunitarias y menos comerciales quedan borradas del mapa.
“El proyecto habla del sector permisionario como si fuera exclusivo para estaciones que dependen de instancias públicas, pero todos los esfuerzos al margen de ellas quedan abandonados a su suerte”.
La propuesta cierra el paso a las radios comunitarias o experimentales y a las que operan mediante permisos. Por si fuera poco, elimina los requisitos de imparcialidad que deben cumplir los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), órgano que regula el sector.
Las licencias podrán refrendarse automáticamente por el mismo periodo para el que fueron otorgadas con anterioridad, sin previa revisión del expediente legal. Incluso se permitirá a los actuales concesionarios prestar servicios adicionales de telecomunicaciones, con lo que se da libre acceso a las principales televisoras para ofrecer servicios de telefonía, por ejemplo.
