Ya han pasado –al cierre de esta edición– 60 días sin que el reportero Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, publique información acerca del narcotráfico en la región.
Desde el pasado 2 de abril, cuando iba a encontrarse con una “fuente”, ya no regresó al escritorio que ocupa en el diario. Y ocupa, porque hasta que no encuentren su cadáver, el periodista, de 25 años, puede estar vivo.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su informe anual de 2005, destaca: “Con tres profesionales de la información asesinados, 2004 se recordará como un año negro para la libertad de prensa en el país”.
En el balance de ese año informa, además, de dos detenidos, 15 agredidos, 13 amenazados, 10 citados para revelar sus fuentes y siete medios de comunicación atacados o censurados.
En entrevista vía telefónica, la corresponsal de este organismo en México, Balbina Flores, declaró que en el caso de los asesinatos a informadores, “por desgracia estamos en primer lugar en América latina”.
En los años anteriores, Colombia, con un conflicto violento desde hace casi medio siglo, registraba el mayor número de homicidios de comunicadores.
Flores comentó que las agresiones ocurren por dos factores principales: el poder público, que involucra a elementos de seguridad pública, y el narcotráfico o crimen organizado.
De acuerdo con Sergio René de Dios Corona, el narcotráfico está convertido “en el enemigo de los periodistas que investigan nexos de corrupción o simbiosis entre las corporaciones policíacas y los grupos de delincuencia organizada”.
El narcotráfico es un poder real, con características militares y represor, que posee una relación bastante fuerte con el aparato de justicia. No descarta que pudiera ocurrir algo similar a lo acontecido en Colombia con el histórico narcotraficante del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
“En México hay narcos conocidos, que tienen bases políticas en varios estados. La tendencia es que suceda algo similar a lo acontecido en Colombia, porque el narco desafía al Estado, ya que ha irrumpido en cárceles, liberado presos y asesinado a cientos de personas”.
A pesar de lo anterior, el mayor peligro es para la democracia, pues una de las condiciones para un avance radica en la información y el acceso a la misma. Sin embargo, “quien puede proporcionar la información es hostigado, detenido, asesinado, desaparecido. No hay garantía para que un reportero contribuya, mediante su trabajo, al desarrollo de una sociedad democrática”.
La vicepresidenta de Libertad de información-México, AC (Limac), Issa Luna, va más allá. Asegura que existe el riesgo de que los mexicanos carezcan de información crucial para la toma de decisiones relacionadas con el crimen organizado.
“Puede que nadie quiera cubrir este tipo de fuente, de manera que los ciudadanos tendríamos coartado nuestro derecho a la información. En este sentido, una democracia con la libertad de expresión y el derecho a la información coartados está destinada al autoritarismo”.
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En lo que va de 2005 hubo otros casos, como el de Dolores Guadalupe García Escamilla, de la estación radiofónica XHNOE, Stéreo 91, de Nuevo Laredo, y el de Raúl Gibb, director del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz.
El caso de Gibb atrajo la atención de RSF. La organización envió una carta al gobierno federal, para pedir que tomara cartas en el asunto.
La Opinión publicó el año pasado varios actos de corrupción en esta zona petrolera. De acuerdo con Balbina Flores, días previos al asesinato, “alguien” dijo a Gibb que no publicara esa información y que a cambio obtendría dinero. No aceptó, y ahora los hechos hablan.
Hay otros tópicos por discutir, como asegura Balbina Flores. Por ejemplo, el asunto de la protección de las fuentes, el secreto profesional y las situaciones judiciales en el gremio periodístico.
En comparación con países europeos, “en México no existe una legislación que garantice la libertad de expresión”. Solo dos artículos (el sexto y séptimo) de nuestra carta magna mencionan el asunto.
Según la vicepresidenta de Limac, dentro de los códigos penales “no está definida la profesión periodística ni quién es un periodista, de manera que no existe protección o seguridad jurídica para los mismos”.
Al no existir leyes que garanticen un mínimo de protección a la labor informativa, la censura, al menos en estados del norte de México, está convertida en un mecanismo de supervivencia, como explica la corresponsal de RSF.
Añade que no es una práctica exclusiva de la parte fronteriza. “Sigue permeando en otros estados, sobre todo en el nivel de funcionarios medios que ven afectados sus intereses y caen en la tentación de censurar”. Los blancos directos son los periodistas, reporteros y fotógrafos, “no los directivos”.
“La mayoría de los medios de comunicación carecen de una defensa para sus reporteros y comunicadores, y eso es lamentable”.
El periodista Jaime García Elías dice: “Es frecuente que haya funcionarios públicos que experimentan alguna molestia en un determinado momento por algo que dice o escribe un periodista, de manera que hablan con su jefe para tratar de silenciarlo”.
Estos hechos, que atañen a la labor informativa actual, constituyen solo la punta del iceberg de una situación que coarta la libertad de expresión, como explica Jack Fuller en su libro Valores periodísticos (Sociedad interamericana de prensa, 2004): “Al no haber una libertad de expresión, existirá una verdad absoluta, autoritaria, que no dé espacio al debate y a la discusión”.
