El sistema de educación superior en México aún no alcanza su madurez. Es un sistema que desde sus inicios en 1910, hasta la fecha, ha crecido significativamente, pero cuyas instituciones continúan siendo “unas niñas” que requieren que se les diga qué hacer, aseguró el doctor Eduardo Ibarra Colado, en su participación en el XVI Encuentro internacional de investigación educativa, dentro del programa académico de la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En su conferencia “Perspectivas y desafíos de las políticas públicas de educación universitaria en Latinoamérica”, el investigador del Departamento de Producción Económica, de la UAM-Xochimilco, explicó que esa inmadurez lleva a una incapacidad de las instituciones por establecer sus propias políticas e indicadores.
“La reforma de los planes de estudio no se define en los órganos colegiados. El presupuesto se define en el concurso extraordinario del PIFI y no en los órganos colegiados”, detalló el doctor respecto de algunas políticas que tienen que ver con la obtención de recursos y el aumento de prestigio por el que compiten tanto las universidades públicas como los académicos.
De acuerdo con el conferencista especialista en políticas públicas educativas, es necesario entender que el sistema de educación superior en México ha pasado por cuatro etapas: surgimiento (1910-1950), expansión no regulada (1950-1980), crisis (1980-1989) y la etapa de modernización, cuya principal característica es la introducción de la evaluación.
“La educación superior hasta 1989 operaba bajo una lógica estrictamente de negociación política. Estaba inscrita en un marco de negociación de tipo corporativo. Ahora todo se evalúa en el mundo. Es un modo de racionalidad general”.
En un mundo donde lo importante es evaluar, el papel de quien establece los indicadores con los que se evalúa, es el más relevante.
“El desempeño se utiliza para gobernar. Cuando yo mido, el juego político no está en medir, sino en cómo decido qué y cómo se mide. Yo hago política cuando establezco el indicador”.
Esquizofrenia institucional
El poder de controlar cómo se mide el desempeño de instituciones y académicos, y además relacionarse estrechamente con la asignación de recursos económicos, lleva a malas prácticas, explicó Ibarra Colado.
Es decir, las políticas públicas son enfocadas en la modificación de las conductas.
“Entramos a una era en donde lo importante es cómo construyo reglas de institución para dirigir el comportamiento, y eso es gobierno. Gobernar es modificar la conducta a partir de información. Ese es el origen de la estadística. La estadística (ciencia del Estado) era el insumo necesario para hacer política”.
Básicamente las políticas articularon la evaluación, el financiamiento y el cambio institucional.
Como ejemplo, el investigador planteó la situación en la que actualmente se ven involucradas las instituciones públicas, en que se les pide graduar a más alumnos, tener plantas docentes certificadas, para obtener recursos y prestigio, lo cual lleva a las universidades a graduar a alumnos antes de concluir su tesis, a omitir procesos.
En esta “simulación institucional” se involucran los académicos, quienes compiten por ingresos extraordinarios y prestigio, lo que lleva a “prácticas indebidas”, en las que publican en donde se pueda y algunos hasta pagan por hacerlo.
“Tenemos a docentes en el sistema nacional de investigadores, que no deberían estar, y otros que sí deberían, pero no lo están”.
El resultado es una “esquizofrenia institucional”, puntualizó el profesor de la UAM. Un círculo en el que la relación entre la institución y el académico se pervierte. Donde el mensaje oculto es: usted haga trampa.
Investigación y políticas públicas
En el mismo encuentro participaron la doctora María Luisa Chavoya Peña, profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UdeG, y el doctor Pedro Flores Crespo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana.
En su mesa de trabajo, el tema fue la participación de la investigación científica en el diseño de políticas públicas de educación, en la que el doctor Flores Crespo habló sobre un sistema de políticas basadas en evidencia, donde las decisiones no se toman por presiones políticas o de políticos, sino que tengan fundamento en evidencias cuantitativas.
Chavoya Peña mostró un panorama en el cual el discurso es fortalecer la formación de investigadores, pero que en la práctica, las políticas no favorecen que los egresados de un doctorado se dediquen en su actividad laboral al campo de la investigación.
