La nueva Ley de radio y televisión, presentada los primeros días de enero al Senado de la república, no atenta contra la libertad de expresión ni contra la seguridad jurídica de las empresas de radio y televisión en México. Por el contrario, dicha legislación ofrece ventajas a los concesionarios, afirmó el investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social, de la UdeG, Pablo Arredondo.
La propuesta de ley busca eliminar la discrecionalidad a la que durante más de 40 años han estado sometidos los permisos y concesiones para operar un medio de comunicación.
El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el encargado de decidir quién puede operar una empresa de esta índole, “por lo que según como estés ‘parado’ con los poderes es como te irá”.
Aunque así pinte el panorama en México, en un país democrático “por más incómodo que resulte un medio para el poder, se encuentra amparado con leyes que lo protegen contra cualquier imposición”.
El también director de la División de Estudios de la Cultura, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), subrayó que hasta ahora no existe un ordenamiento legal para evaluar el desempeño social de los medios. La propuesta de ley plantea la necesidad de un Consejo nacional de radio y televisión de carácter autónomo e integrado por ciudadanos, el cual determinaría quién tiene derecho a una concesión.
Arredondo coincidió con el especialista en comunicación, Francisco Aceves González, en que algunas disposiciones podrían causar molestia a las grandes corporaciones.
Por ejemplo, la propuesta de ley prevé que ninguna empresa debe disponer de más del 35 por ciento de las concesiones radiofónicas y televisivas, lo que afectaría a quienes controlan el 80 por ciento de la oferta en medios.
Dicha cifra, es superior a los monopolios que imperan en Estados Unidos y Canadá, países con democracias más avanzadas.
“El rechazo a los intentos por reformar la legislación es porque de alguna manera son cuestionados los beneficios e intereses de las empresas que explotan los medios en la actualidad, pues existe una concentración marcada, sobre todo en el ámbito de la televisión”, comentó Aceves González.
En opinión de Arredondo, no se trata de crear una tutela para los medios, sino de “garantizar el principio de libertad de expresión, mediante un efectivo derecho de réplica, con la apertura de los medios a otros segmentos de la población”.
En este sentido, sería positivo darle voz a quienes difícilmente tienen acceso a los medios, otorgándoles permisos para operar radiodifusoras o televisoras comunitarias, por ejemplo.
“Se trata de volver más plural el espectro y brindar puntos de vista distintos al oficial. Los proyectos comunitarios no podrían competir con las grandes empresas, pero sí dotar de una mayor diversidad a la radio y la televisión, pues finalmente la democracia está vinculada con la pluralidad”.
