La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Agencia Metropolitana de Seguridad firmaron un convenio de colaboración para contribuir en el diseño e implementación de políticas públicas para enfrentar la inseguridad.
El Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que el principal problema que se debe atender —según casi todas las encuestas de percepción de la sociedad— es la inseguridad, por lo cual, buscar soluciones es responsabilidad de todas las instituciones.
Recordó que esta Casa de Estudio cuenta con un bachillerato en el que una de las TAES (Trayectorias de Aprendizaje Especializante) capacita a los jóvenes en seguridad pública, además de que los centros universitarios de Tonalá (CUTonalá) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) vislumbran la creación de las licenciaturas en Criminalística y Ciencias Forenses, y fortalecerán la maestría en Ciencias Forenses.
“Por medio de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización (CGCI) tenemos un proyecto de trabajo con la Universidad de Alcalá de Henares, España. Su Rector, doctor Fernando Galván, visitará la Feria Internacional del Libro (FIL). Con ellos estudiamos la apertura de una maestría en Seguridad Pública. Un problema de la seguridad es que hacen falta recursos humanos especializados y la formación de mandos medios y superiores”, puntualizó Bravo Padilla.
Marco Valerio Pérez Gollaz, coordinador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, señaló que el bienestar de las personas debe de ser el centro de todas las políticas públicas, en particular de aquellas encaminadas a garantizar la seguridad, y que ambas instituciones —la que él encabeza y la UdeG— comparten esta visión.
“Quiero resaltar la participación de esta Casa de Estudio como generadora de insumos científicos y técnicos para un ejercicio de gobernanza metropolitana. La UdeG, como el actor académico más relevante de nuestro estado, resulta esencial para la coordinación y cooperación que la agencia lleva a cabo como ente articulador de políticas públicas en materia de seguridad. Y para entender esta construcción es indispensable la participación del talento de los universitarios, de sus centros, y de sus investigadores”, subrayó.
Añadió que este convenio se firma en una coyuntura en la que se requiere abordar la prevención de los delitos desde una perspectiva integral, que surja de la toma de decisiones basada en evidencias y la identificación de las diferentes variables que conforman el espectro criminal.
Mediante este acuerdo, la Universidad se suma al Laboratorio de Políticas Públicas de Seguridad, cuyas funciones son diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas.
Con ello también se establecen vínculos con la Red Global de Ciudades más Seguras (RGCS), proyecto de la ONU-Hábitat, en la que participan 77 ciudades de 24 países, con el propósito de empoderar a la ciudadanía y a las instituciones en el combate contra los actos delictivos y de violencia.
