El primero de febrero pasado comenzó a laborar la XVIX Legislatura del Estado de Jalisco. Producto de esta elección, el mandato popular y el arreglo institucional expresado en la ley determinó que el PRI en alianza con el PANAL tuviera 18 diputados, el PAN 17, el PRD 2 y el PVEM otros 2. En total, son 39 nuevos legisladores; uno menos que en la legislatura pasada.
Son cinco las funciones sustantivas que realiza el Congreso del Estado como parte de la estructura general de gobierno: en primer lugar, la labor central es el legislar; segundo, fiscalización; tercero, aprobación de los presupuestos públicos de todas las dependencias gubernamentales a nivel estatal. En cuarto lugar, los diputados son representantes populares y como tales realizan actividades de gestoría. Finalmente, en el Congreso del Estado se deposita la facultad de nombrar a magistrados, consejeros electorales y representantes sociales ante el Instituto Estatal de Transparencia e Información Pública, entre otros.
Adicionalmente a estas funciones, el poder legislativo cumple también la importante labor de equilibrio frente a los otros poderes públicos, poniendo en acción el viejo principio de Montesquieu de pesos y contrapesos, convirtiéndose, además, en el foro principal o ágora para debatir sobre los diferentes asuntos de interés general de los jaliscienses.
Ahora bien, de los tres poderes del Estado, el legislativo es uno de los poderes públicos más desprestigiados; hecho que responde tanto a razones históricas como de carácter coyuntural. En primer lugar, debido al acendrado presidencialismo que prevaleció en México durante varias décadas, el Congreso estuvo supeditado al Poder Ejecutivo, quien se convirtió, de hecho, en el gran legislador.
Durante estos años, los legisladores eran considerados como representantes de intereses políticos, más que de intereses sociales, orientando sus acciones a satisfacer los requerimientos dictados desde la misma presidencia de la república, en el caso federal y, por los gobernadores, en turno en el caso de los estados de la federación. De esta forma, la imagen del poder legislativo se asoció inercialmente a la supeditación y disfuncionalidad.
En segundo lugar, la imagen del Congreso fue construida desde la lógica e intereses de los medios de comunicación comerciales, quienes, en la búsqueda de un mayor raiting, lo ridiculizaron como un espacio propio de conflicto, ineficiencia e irresponsabilidad legislativa, ante la incapacidad, a pesar de los intentos, del propio Congreso de poder comunicar eficientemente sus logros y productos.
En tercer lugar, se encuentra la propia crisis de la democracia representativa, donde no es suficiente sólo la legitimidad de origen de los diputados, al ser electos democráticamente como representantes populares, sino que la sociedad reclama crecientemente una mayor participación e incidencia en los asuntos públicos, propios de la democracia participativa.
En cuarto lugar, otro factor que ha incidido en la percepción negativa que tiene la ciudadanía del Poder Legislativo y los diputados, tiene que ver, como se señaló anteriormente, con el estereotipo negativo que han formado por años los medios de comunicación de los propios legisladores. De esta forma, los medios han privilegiado las notas sobre escándalos, conflictos, ineficiencias, impuntualidades, deshonestidades y abusos de algunos legisladores, maximizando y sobredimensionándolos, por encima del debate parlamentario y los logros de las propias legislaturas.
En quinto lugar, la mala imagen de los diputados se debe a sus propias acciones, actitudes y carencias y, sobre todo, a la falta de unidad y visión como comunidad de propósitos. Es decir, lo que ha prevalecido en varias legislaturas estatales es el canibalismo entre los propios diputados y fracciones, quienes, frecuentemente, se ven envueltas en conflictos de interés y enfrentamientos desproporcionados e innecesarios, dañando la imagen de la institución parlamentaria y de los propios legisladores. Esta ha sido un juego de suma cero, donde ninguna de las partes ha ganado, sino que todas han perdido.
Una de las causas de la perdida de confianza ciudadana y credibilidad en la política y, en lo particular, en la institución parlamentaria y los legisladores, tiene que ver con la percepción social de los niveles de corrupción y el índice de eficiencia gubernamental. Al respecto, es necesario señalar que nuestro país ocupa el lugar número 64 en materia de corrupción por debajo de Chile, Cuba, Belice, Costa Rica, Colombia y Brasil. A esto hay que agregar la falta de profesionalización de los poderes legislativos, tanto federal como locales, así como la baja rentabilidad parlamentaria que prevaleció en pasadas legislaturas.
En sexto lugar, la actual cultura política de los ciudadanos privilegia los gobiernos unipersonales por encima de los gobiernos colegiados, rechaza la confrontación y el disenso propio de los parlamentos y busca tener liderazgos unipersonales fuertes (caudillos) y no grupales. De hecho, la mayoría de los ciudadanos, cuando escucha la palabra gobierno la asocia sólo al poder ejecutivo y poca gente incluyen o asocian, también, a los otros dos poderes públicos (legislativo y judicial), como es lo correcto.
Finalmente, no ha existido una estrategia bien articulada y operada inteligentemente para fortalecer el Poder Legislativo, una especie de política de Estado para su reforzamiento, sino que, al contrario, parece ser que lo que ha prevalecido es un completo desinterés por la propia institución parlamentaria en la que la no reelección continua de los legisladores, vigente desde 1933, ha jugado un papel decisivo. A esto hay que agregarle, la incapacidad del propio poder legislativo de saberse comunicar adecuadamente con los ciudadanos y generar una percepción positiva.
Ante esta situación, los seis retos más importantes de los nuevos legisladores de Jalisco son los siguientes: primero, recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad en la política, la institución parlamentaria y en los legisladores. Segundo, transformar y modernizar el orden jurídico y las instituciones públicas para impulsar el desarrollo económico, social y político de los habitantes de Jalisco y posesionar al estado en el escenario nacional. Tercero, profesionalización del Poder Legislativo. Cuarto, transformarse en un verdadero poder público de acuerdo a los postulados de Montesquieu (gobernar desde el Congreso). Quinto, un poder público que fiscalice con mayor rigor el gasto gubernamental y sanciones ejemplarmente a quien lo transgreda. Finalmente, vencer la resistencia al cambio e integrar una sola comunidad de pensamiento y propósito.
