Sin duda alguna, Jalisco está a la vanguardia en cuanto a la penalización de los delitos cometidos por las bandas criminales, pues desde hace tiempo incorporó sanciones que otros estados del país no tienen, las cuales han sido consolidadas en la Ley contra la delincuencia organizada.
Se trata de una ley especial que sanciona de manera más dura (más años de prisión) a las bandas criminales con estructuras y con jerarquías establecidas.
No obstante, el endurecimiento de las penas para los delincuentes organizados no resuelve los problemas, pues uno de los efectos colaterales es que automáticamente el delincuente diversifica su actividad, por lo que antes que nada hay que apostarle a la prevención.
Así lo destaca el experto en la materia, Emiliano Sandoval Delgado, académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara, quien recientemente publicó el libro Análisis de la Ley contra la delincuencia organizada del Estados de Jalisco.
Sandoval Delgado, quien ha sido ministerio público federal y del fuero común, así como asesor de la PGR, reconoció las bondades de la legislación que entró en vigor en el 2004, pues busca tipificar como crimen organizado a quienes cometen infracciones como evasión de presos, corrupción, tráfico y robo de menores, pornografía y prostitución infantil, lenocinio, falsificación, extorsión, asalto, privación ilegal, secuestro, homicidio, robo y fraude.
Declaró que es una ley especial, porque por ejemplo, prevé sanciones para cualquier persona que forme parte de una organización criminal de acuerdo al nivel jerárquico que desempeñen en la misma.
Si solo es principiante, la penalización es de uno a ocho años de prisión, mientras que quienes administren, dirijan o supervisen algún tipo de actividad ilícita, pueden tener de dos a 16 años de prisión.
En delitos como el secuestro, impone una pena de 25 a 40 años de prisión, además incorpora el llamado “puente de plata”, instrumento legal que permite a las autoridades negociar con el delincuente novato para conseguir información a cambio de atenuar su situación penal, siempre y cuando sea en las primeras 72 horas posteriores a su arresto.
El universitario explicó que de esta manera el ministerio público está en posibilidades de obtener datos que ayuden a proteger la vida de las víctimas.
Asimismo, castiga con tres años de prisión la mediación de los negociadores externos con y sin el consentimiento de los familiares de la víctima, así como la intervención de cualquier medio de comunicación.
“Estas disposiciones tienen la finalidad de impedir entrampar la investigación judicial y una posible complicación del caso. La Procuraduría General de la República (PGR), tiene negociadores profesionales que pueden llevar a buen fin cada caso y aportar información importante del mismo”.
Tales disposiciones no existen en otras entidades del país como el Distrito Federal, donde se rumora que en algunos de los casos de secuestro más conocidos, han intervenido gestores externos y hasta extranjeros.
Reestructurar las instituciones del Estado
Para hacer frente a la delincuencia organizada, el estado mexicano debe reestructurar sus instituciones encargadas de la seguridad y la aplicación de la justicia, a causa de que las redes criminales están constituidas de forma similar.
Sandoval Delgado, señaló que las bandas tienen una división del trabajo y jerarquías bien definidas, por ello es tan difícil combatirlas.
“El crimen organizado tiene jerarquías parecidas al modelo del estado y conocen a la perfección cómo trabaja la policía investigadora o la procuraduría, por lo que pueden prever sus movimientos. El crimen organizado necesita otro tipo de tratamiento, ante ello requerimos que las instituciones gubernamentales tengan áreas especializadas en los diversos delitos para poder tipificar las actividades delictivas”.
El universitario, quien publicó un libro en el que analiza la mencionada ley, aceptó que estas modificaciones no son fáciles de concretar pero podrían empezar por mejorar las condiciones laborales de los ministerios públicos.
“Tenemos que darle certeza y seguridad a los ministerios públicos mediante un programa de asistencia social, ofreciéndoles becas a sus hijos, acceso a vivienda y homologando sus salarios para evitar que sea sujeto de corrupción”.
Tales beneficios no existen en la actualidad para ellos, ya que tan solo en lo que respecta al salario, la perspectiva es pobre, pues ganan entre siete y ocho mil pesos, cuando por su labor deberían percibir de 30 a 40 mil de manera que no sea vulnerable a la corrupción.
