Los países que permiten que empresas extranjeras compliquen el acceso al agua o la contaminen, actúan contra su propio pueblo, aseguró el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), Philippe Texier.
La sesión del TLA terminó el 10 de octubre pasado, con la satisfacción de que este organismo internacional ofreció a los afectados de siete casos donde los conflictos hídricos ponen en peligro la vida y sobrevivencia, “herramientas a la sociedad civil para que puedan luchar por su derecho al agua”, dijo.
Durante las sesiones del TLA en el paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara, se avanzó significativamente –dijo el magistrado francés– al considerar el acceso al agua como un principio universal. “El agua pasó de ser un bien común fácil de accesar (sic), a un bien que se está agotando; pasó de ser un bien libre a un bien económico que hay que pagarlo y, en muchas ocasiones, de ser un bien puro, se convirtió en uno totalmente contaminado”.
Al preguntar al jurista internacional sobre la constante que aparece en muchos de los conflictos internacionales por el agua, respondió: “La responsabilidad está compartida entre esas empresas multinacionales que, por motivos económicos, van a contaminar, y los estados que aceptan dejar su patrimonio a esas compañías”. Una corporación no llega a un país sin permiso, y aun sin la complicidad o el acuerdo de los estados que, finalmente, en esas circunstancias actúan contra su propio pueblo, porque el interés del Estado es procurar agua sana para sus habitantes, y cuando venden su subsuelo, son cómplices de las empresas”.
Texier, presidente del TLA, dijo que la intromisión de países desarrollados en intereses hídricos de naciones sumidas en el subdesarrollo es una constante en la que los intereses económicos pasan por encima de los derechos humanos de los ciudadanos, y eso es grave. “El contrapeso es la lucha cotidiana de la gente por sus derechos”, sentenció.
Recordó que este organismo es un tribunal de conciencia, y que sus decisiones se convierten en recomendaciones. Ante la presunción de que estos fallos no tengan la suficiente fuerza para revertir los daños a los demandantes, dijo: “Hemos visto que las legislaciones existen y que se prevén sanciones, pero no se aplican. Entonces, ¿quién más que la gente directamente afectada va a luchar por sus derechos?”.
El magistrado francés dijo que es un hecho que los gobiernos no son capaces de ayudar a su gente. “Los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos, y cuando no cumplen, hay que acudir a la justicia, y cuando ésta no cumple, hay que acudir a organismos internacionales, como el nuestro”, explicó.
Justicia desde la Universidad
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) falló sobre siete casos, cuatro de México, uno de Chile, uno peruano y uno de Honduras, donde “miles de personas latinoamericanas están privadas del agua potable y sus sistemas de distribución afectando principalmente a la población infantil y femenina”, asentó el organismo.
“Yo creo que el resultado ha sido satisfactorio, y ahora las resoluciones están en manos de los demandantes, pues la meta del tribunal es dar herramientas a la sociedad civil para que pueda luchar por su derecho al agua”, dijo el presidente del TLA y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, doctor Philippe Texier.
Los casos, revisados por orden de su presentación en el tribunal integrado por David Barkin (México), Patricia Díaz Romo (México), Alexandre Camanho (Brasil), Luis Gabriel Torres González (México) y Salvador Montenegro Guillén (Nicaragua), arrojaron estos resultados: en el primer caso de amenaza contra las fuentes hídricas de la población –pozo El Calvario– de Cuautla, por la instalación de un complejo gasolinero, el TLA resolvió recomendar la suspensión de actividades de la gasolinera, hasta que se haya realizado de forma urgente una evaluación de impacto ambiental independiente.
En el caso de la explotación minera a cielo abierto de la mina San Javier, en el estado de San Luis Potosí, se recomienda paralizar su funcionamiento, en cumplimiento de los decretos de veda. Por su parte, en el caso del deterioro y contaminación del río Santiago, en las poblaciones de Juanacatlán y El Salto, en el estado de Jalisco, se aconsejó la elaboración de un estudio epidemiológico para definir los daños a los pobladores, y que estos sean atendidos de inmediato por las autoridades sanitarias.
En el cuarto caso mexicano, la vulneración del acuífero Chalco-Amecameca por la construcción de una carretera, se exhortó a una concertación de los demandantes con las autoridades. Mientras que por la usurpación, explotación irracional y contaminación de aguas superficiales y subterráneas por la actividad minera en el valle de Siria, en Honduras. El TLA resolvió censurar a la empresa Sociedad Minerales Entre Mares, S.A. de C.V., por la utilización inadecuada de los recursos hídricos y la contaminación de la región; por los daños y los riesgos para los ecosistemas y la salud humana.
El Salto y Juanacatlán, los casos más graves
Sergio G. Morales
el tribunal resolvió, en audiencia de juzgamiento, el caso de El Salto y Juanacatlán como el más grave de América Latina, expresó en entrevista el presidente del tribunal, Javier Bogantes Díaz: “Podríamos decir que este caso, de los siete que resolvió este tribunal, es donde se evidencia todo un desastre ambiental. Por tal motivo, es importantísimo que las autoridades actuales tomen la decisión de salvaguardar los sistemas hídricos y proteger al máximo esta cuenca, ya que es una de las ricas en América Latina, y tratar de revertir los procesos de contaminación, que pudimos evidenciar durante las visitas que hicimos a El Salto, Juanacatlán y Chapala, que es uno de los lagos más bellos de nuestra América, pero es evidente que se está muriendo”.
El río Santiago recibe descargas del corredor industrial de El Salto, de la zona metropolitana de Guadalajara, mediante la presa de El Ahogado, y de otras poblaciones por donde atraviesa. De acuerdo con los denunciantes, las emanaciones tóxicas provenientes de este río han expuesto a las poblaciones de Juanacatlán y El Salto a serios problemas sanitarios, más específicamente, por la contaminación por el ácido sulfhídrico.
Uno de los autores de la denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua fue el doctor Francisco Javier Parra Cervantes, originario y residente de la población de Juanacatlán, Jalisco. De acuerdo con la investigación realizada durante el ciclo escolar 2005-2006, titulada “Efectos en la salud en niños escolares en exposición crónica del ácido sulfihídrico”, presentada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. El estudio se desarrolló en la escuela primaria Mártires del Río Blanco, ubicada a 100 metros de la fuente de contaminación (cascada de Juanacatlán), fuente puntual-emisora del ácido sulfihídrico. La otra muestra se tomó de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, que se encuentra a cinco kilómetros de la fuente contaminante.
El doctor Parra Cervantes encontró diferencias significativas tomadas en ambas muestras: los niños expuestos se enferman 3.7 más que los niños no expuestos. Los infantes no expuestos tienen mayor capacidad pulmonar y mejor saturación de oxígeno, confirmándose también la presencia de ácido sulfihídrico en la escuela de Mártires de Río Blanco en diferentes concentraciones durante el ciclo escolar estudiado.
Testimonios
Leticia Curiel Briseño
[Leticia es habitante de la comunidad de Juanacatlán. A ella se le murieron dos hijas: una de cáncer y la otra de cirrosis quística. Su vida cambió drásticamente. Ella nos narra: “Mis hijas ya no van a volver. Yo no tengo pruebas de que haya sido el río, pero sé que existe un gran riesgo. Tengo otros dos hijos, y vivo con el miedo de que algo les pase. Otras gentes (sic) han muerto de cáncer, y en mi cuadra al menos cinco niños tienen bolitas en sus piernas”.
José Luévano Mendoza
[José vive en El Salto: “Me enseñé a nadar en el agua del río Santiago. ¿Quién iba a creer que el río que nos dio vida hoy nos esté causando tanto dolor por la pérdida de nuestros seres queridos? Mi hija murió el 3 de enero de 2006, a consecuencia de cáncer en la sangre, y fue una promesa que yo le hice a ella de que en cualquier foro que se pronunciara para mejorar la salud de nuestra población, estaría yo dando testimonio del caso de su enfermedad”.
Ma. del Carmen Velázquez Meza
[He perdido a tres de mis familiares a causa de cáncer. Actualmente tengo dos compañeras de estudio enfermas también. Para mi familia ha sido difícil aceptar lo que nos sucedió, y vivimos con el miedo de que a alguien cercano le pase algo. La verdad es que da muchísima lástima que los dueños de las industrias y los gobernantes no tomen conciencia del daño que nos están causando, y que siempre prometan sanear el río y nunca nos cumplan”.
