La ausencia de coordinación entre instituciones, sistemas sin consolidar y la carencia de políticas estatales en materia anticorrupción, son algunos hallazgos del 2do Informe sobre el combate a la corrupción: El país y las entidades federativas 2021.
El documento es una investigación que compila y analiza el alcance de los mandatos de las instituciones anticorrupción, pero también aborda el desarrollo de los sistemas anticorrupción del país, el manejo de sus presupuestos y el papel que ha tenido la participación ciudadana en el rubro.
“En términos teóricos, partimos de la conceptualización de la corrupción como una captura del Estado, del dinero público por intereses privados para obtener más dinero, más poder o ambos. Lo que nos importa es atender estas causas y no las consecuencias”, explicó Annel Vázquez Anderson, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, durante la presentación de este informe en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
Para este estudio se elaboraron más de 320 solicitudes de información, 31 bases de datos de ocho instituciones públicas federales, estatales y de organismos dependientes de los sistemas locales anticorrupción; además de que toda esta información se encuentra disponible en línea para su consulta, enfatizó Vázquez Anderson.
En la primera parte del informe se analizó el cumplimiento de los mandatos de las instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este rubro se destacó que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Auditoría Superior de la Federación mejoraron en sus índices anticorrupción. En contraste, la Fiscalía Anticorrupción fue uno de los peor evaluados.
Mientras que en el apartado de la captura del presupuesto se analizó la cuenta pública de 2021 de la Secretaría de Crédito Público para conocer de qué manera empleaban sus recursos las instituciones. “Queríamos abordar las prácticas de discrecionalidad; nos abocamos a las adecuaciones presupuestales, gastos directos, fideicomisos, ahorros y contrataciones públicas”, aseveró.
Detalló que en este análisis se encontró que la Secretaría de Energía aumentó sus aportaciones a Pemex para la refinería de Dos Bocas, que la Secretaría de Educación Pública direccionó sus recursos a subsidios de organismos descentralizados, entre otros detalles.
Resaltó que las instituciones con más concentración de contrataciones fueron el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento a Turismo.
En esta edición se analizaron las funciones de los sistemas locales anticorrupción, resaltando que existen sistemas como el de Jalisco y Aguascalientes que recibieron evaluaciones positivas; pero no todas las instituciones estatales recibieron buena retroalimentación.
“Hay una ausencia de coordinación y resultados conjuntos en las instituciones públicas; es decir, no se lograron establecer mecanismos de colaboración institucional que sean permanentes, eficientes y productivos, los resultados verificables son escasos”, informó.
Vázquez Anderson enfatizó que las políticas estatales suelen ser réplicas de las federales, sin definir mecanismos propios o específicos para sus entornos. Consideró que no se puede afirmar que algún sistema estatal anticorrupción esté consolidado, a pesar de encontrar índices positivos en la evaluación.
“Los mejores resultados en el informe son coyunturales y desgraciadamente aislados. Se reproducen los mismos métodos para combatir la corrupción; es decir, lo que requerimos son áreas prioritarias de atención con acciones especiales”, afirmó.
Un diagnóstico para las sociedades
Este tipo de estudios abonan a la democracia y a la transparencia, y son necesarias para mantener una sociedad informada, consideró el Rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, durante la presentación del informe.
Padilla Montes resaltó el trabajo en materia de análisis en rendición de cuentas y celebró que instituciones como el INAI hayan obtenido el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para continuar con sus funciones en el país.
“Es una institución que hemos defendido como garantes de uno de los derechos más grandes de nuestro país. Celebramos que la Suprema Corte haya devuelto al INAI la facultad de cumplir con su misión”, subrayó.
Mencionó que a través del CUCEA, y con apoyo del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, ha logrado consolidarse como un espacio académico para analizar y visualizar las causas y las consecuencias de la corrupción.
“El Instituto es el lugar por excelencia donde el conocimiento trasciende la academia e impacta directamente en el ámbito público, donde la toma de decisiones es posible y donde también se ha demostrado que la apertura científica y universitaria siempre favorecerá el diálogo abierto e interactivo con la sociedad”, puntualizó.
