El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) ha tenido pérdidas en los últimos cinco años y sus activos no están creciendo como se requiere para hacer sostenibles las pensiones de los trabajadores, dijo Juan Diego Martínez Delgado, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), durante el foro “Análisis, impactos y alternativas para el futuro del fondo de pensiones del Estado de Jalisco”.
Como parte de un análisis realizado a las finanzas de esa institución, el Director del Centro de Estudios de la Hacienda Pública del CUCEA, dijo que mientras las aportaciones de los trabajadores sean el único rubro en los ingresos que registra un crecimiento, los ingresos por administración de los fondos tienen pérdidas desde 2017, aunque el número de pensionados es mayor al que se tenía en ese año.
Añadió que la recuperación de capital en los préstamos a corto plazo es sostenida en el tiempo, pero no está creciendo como se necesita, además de que las áreas activas del Ipejal como son los estacionamientos, la agencia de viajes, los salones de eventos o las salas de velación que están perdiendo dinero y absorbiendo recursos del fondo destinado a las pensiones.
El especialista en finanzas corporativas señaló que en la iniciativa privada un modelo de negocio como el que tiene el Ipejal es rentable, y consideró que es “algo atípico” que este instituto no tenga rentabilidad.
El coordinador del Doctorado en Estudios Fiscales del CUCEA, Antonio Sánchez Sierra, afirmó que en los últimos años el Ipejal invirtió en proyectos que dejaron pérdidas millonarias como las Villas Panamericanas y el desarrollo turístico de Chalacatepec, porque no hay una legislación y órganos internos que favorezcan la rendición de cuentas.
Aseguró que el modelo de fondo de pensiones del Ipejal no es malo, pero que la corrupción y la falta de rendición de cuentas lo hacen inviable a futuro, pues se presta a que las decisiones recaigan en los diputados o el gobernador en turno y se ponga en peligro el futuro de las personas.
Añadió que al interior del instituto no hay un órgano que regule o analice los mejores proyectos de inversión a los que puede ir el dinero, el manejo de los recursos es discrecional y sin consultar a los expertos; y por el contrario, se requiere un cuerpo financiero externo que valide cuáles son las mejores alternativas de inversión y modificar algunos artículos en la ley que generan incertidumbre financiera.
El académico propuso que el gobierno estatal se reúna con los expertos para prever los escenarios que podría enfrentar el instituto y las posibles soluciones ante la crisis que vive.
La Presidenta de la Academia de Doctores en Estudios Fiscales de Jalisco, AC, María del Rosario Ruiz Moreno, dijo que para que un fondo de pensiones sea viable debe de cumplir con ciertas características como que sea universal, tanto en la contribución como en los montos que son otorgados; que sea suficiente la cantidad otorgada a las personas pensionadas para subsanar sus necesidades económicas; que sea financiable, es decir, que tanto el beneficiario como la institución administradora puedan sostener las aportaciones.
También debe ser eficiente para que los recursos destinados, las reservas e inversiones sean apegadas a estudios de factibilidad que garanticen los resultados esperados y debe ser sostenible, pues los beneficios a los pensionados deben ser garantizados independientemente de las variables económicas y financieras.
Ruiz Moreno señaló que una de las alternativas al Ipejal es que se modifiquen algunas de sus reglas, como subir la edad para que sea otorgada la pensión de 65 a 67 o 70 años, además de generar una normatividad para evitar que este fondo se preste a ocurrencias o decisiones de inversión sin un sustento financiero.
El coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del CUCEA, Antonio Ruiz Porras, propuso que para la administración de recursos del instituto haya un sistema de gobierno corporativo o esquemas de gobernanza que generen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que dote además de estabilidad en los procedimientos y políticas.
Además, este tipo de fondos debe trabajar con cierta regulación y procedimientos para que se hagan cumplir las leyes y mecanismos para controlar la corrupción.
