Un eventual incremento en el precio del transporte público afectaría considerablemente a los bolsillos de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) hasta por el equivalente a más de un salario mínimo, afirmó este martes en conferencia de prensa Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Economía, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
Detalló que si el gasto al mes que hace una familia promedio de cuatro personas en el transporte público, que tiene un costo unitario de 9.50 pesos, es de cuatro mil 256 pesos, es decir, mil 064 pesos por persona al mes; si aumentara a 10.50 como proponen los transportistas, gastarían cuatro mil 704 pesos, es decir, mil 176 pesos por persona mensualmente.
“Es un costo por arriba de lo que ganan las personas con el salario mínimo. Estamos hablando de que para cubrir el gasto de transporte de cuatro personas se requerirían 1.16 salarios mínimos”, explicó Del Toro Ríos.
Recalcó que muchas personas pagan hoy mucho más de los 266 pesos a la semana, pues no desembolsan 9.50 sino 10 pesos, debido a que el sistema de transporte no regresa los 50 centavos restantes. En realidad, los ciudadanos tienen que destinar cerca de cuatro mil 480 pesos al mes, que significan mil 120 pesos mensuales por persona.
El Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Francisco Javier Armenta Araiza, señaló que en caso de que sea aprobado el aumento al transporte público durante las próximas semanas el alumnado está dispuesto a realizar una manifestación para protestar en contra de tal medida, pues estaría atentando contra el bienestar de los jóvenes y sus familias.
Dijo que ninguna instancia a la que acudió la FEU para pedir que el gobierno estatal corrija lo que consideró como “un robo” al no regresar los 50 centavos y que ha dado una ganancia en excedentes de más de 600 millones desde que se implementó el sistema de prepago, ha dado una respuesta positiva.
“El tema de los 50 centavos es un acto premeditado, con dolo, totalmente diseñado y planeado para utilizar estas alcancías, que es materia de corrupción. Desafortunadamente, tenemos una Fiscalía Anticorrupción que ni eso, ni muchas otras cosas, va a procesar; si no es por esa vía de la corrupción, tampoco es por la vía del amparo; lo único, es que una instancia federal en materia de corrupción” tome el caso, expresó.
Esto ayudaría a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables si se llega a comprobar la afectación a la ciudadanía, pero no para ordenar que cambien las alcancías, añadió.
Detalló que al 7 de diciembre las llamadas “alcancías rateras” han acumulado 633 millones 498 mil 242 pesos.
