Frente a los cambios sociales, legislativos y de estrategias que tienen las universidades, académicos de distintas instituciones de educación superior analizaron las cuestiones sobre la autonomía de las casas de estudio. Esto como parte del webinar organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Jalisco a Futuro, transmitido a través de Canal 44, Radio UdeG y las redes sociales de esta Casa de Estudio.
Previo al inicio de la charla, titulada “Autonomías universitarias hoy: definiciones, dilemas y perspectivas”, el Coordinador General Académico de la UdeG, Carlos Iván Moreno Arellano, dijo que la defensa de la autonomía universitaria es fundamental para la libertad académica y la innovación.
Recordó que está por discutirse una ley general de educación superior, que tiene como alcance dicha autonomía y, por ello, es necesario el análisis de la misma.
Quien moderó el webinar fue Adrián Acosta Silva, profesor de la UdeG y Coordinador Académico del proyecto Jalisco a Futuro 2030. Él aseguró que es necesaria una nueva definición que permita terminar con las tensiones de las universidades públicas.
El profesor de la Universidad Diego Portales, en Chile, José Joaquín Brunner, expresó que no puede haber universidades que no se gobiernen a sí mismas y tomen decisiones por su propia cuenta.
“Deben tener la libertad de aprender, investigar, crear y cerrar programas académicos; emprender proyectos de investigación, hacer aseguramiento de la calidad, crear su propia estructura de gobierno, reclutamiento; todo lo que tiene que ver con las funciones propias de la institución debe de estar dentro del ámbito de la autonomía”, recalcó.
La investigadora y Directora General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, Gloria del Castillo Alemán, hizo hincapié en que es necesario identificar los conflictos que genera el tema de la autonomía entre las escuelas y los gobiernos.
“La autonomía universitaria, casi siempre, ha representado una fibra sensible entre el gobierno y la institución de educación superior, mediada por el financiamiento público, la evaluación y el autogobierno. El ejercicio de la autonomía produce resultados distintos, que dependen de un manejo de gestión responsable”, indicó.
Francisco Marmolejo, de la Fundación Catar para la Educación, dijo que la pandemia ha provocado que los gobiernos tengan conductas autoritarias que amenazan a las universidades.
“Sólo en condiciones de libertad se puede generar conocimiento y ser voz crítica y espacio de formación de la siguiente generación de la sociedad. Los elementos autoritarios vienen a deslegitimar a la autonomía”, subrayó.
Marmolejo dijo que, aunque la contraparte de la autonomía permite que se cuestione sobre su vigencia o no, los gobiernos piensan que debe de haber más control sobre la instituciones de educación superior, incluso llamándole “planeación”.
Y no obstante que en algunos países los gobiernos han buscado dar incentivos a las universidades, en otros se han implementado normas, regulaciones e incluso intervenciones sobre ellas.
La tendencia en el mundo, dijo, es que los gobiernos tienen una mayor intervención y deciden por las universidades, así como una mayor centralización en las instituciones de educación superior.
El Exrector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y fundador del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Felipe Martínez Rizo, externó que el marco jurídico de la autonomía universitaria en México data de los años 70 y 80.
“En este tiempo ha habido cambios importantes, empezando por el número de instituciones de educación superior y LA cantidad de estudiantes; así como en la calidad de los grados de los docentes, proliferación de Ias universidades privadas y el cambio jurídico y político”.
Esto, indicó, lleva al planteamiento de una nueva ley general de educación superior, que está por entrar a discusión al Congreso. “No hay un cambio importante en el concepto de autonomía”, dijo.
El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Roberto Rodríguez Gómez, puntualizó en que ahora se está proponiendo la posibilidad de que las instituciones estén involucradas en lo que tenga que ver con reformas de sus propias leyes orgánicas. “Ojalá eso prospere en el orden constitucional”, dijo.
