Las y los integrantes de las comisiones de responsabilidades de centros universitarios, preparatorias, Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara reciben capacitación para que las denuncias de violencia contra las mujeres que reciben sean revisadas y sancionadas conforme a la normativa en al menos tres semanas.
El taller, que tuvo lugar ayer miércoles y continúa hoy jueves en la Cineteca FICG, cuenta con la asistencia de 250 universitarias y universitarios de manera presencial y vía remota para recibir capacitación acerca de la Guía de sanciones, así como de la plataforma virtual de formación creadas para esta Casa de Estudio, que les darán herramientas para saber cómo investigar, resolver y sancionar de manera justa un caso de violencia de género.
La titular de la Unidad para la Igualdad de esta Casa de Estudio, Erika Loyo Beristáin, explicó que esta capacitación, junto con las otras iniciativas, permitirá hacer más eficiente y expedito el trabajo de las comisiones, reducir la subjetividad en la valoración de ciertas pruebas y homogenizar el nivel de riesgo de las víctimas con el tipo de sanción que se sugiere.
“La idea es que las comisiones puedan actuar de manera eficiente y también muy justa, apegados siempre a nuestra normatividad. Que les demos elementos que les permitan aplicar una sanción justa de acuerdo con el tipo de violencia que se ejerce, pero al mismo tiempo aplicar cierto tipo de resolutivos que puedan mejorar las condiciones tanto de la víctima como del agresor; en qué casos aplica la medida reeducativa, en qué casos no. Eso permite que las comisiones puedan trabajar de manera más acelerada y el acceso a la justicia no lleve tanto tiempo”, explicó.
Por ahora los casos pueden tardar entre 15 días y tres meses en ser resueltos, según la complejidad; y la intención es que este proceso sea reducido a máximo tres semanas, detalló.
El abogado Héctor Pérez Rivera, experto consultor en temas de justicia con perspectiva femenina es quien ofrece este taller en el que da herramientas para valorar las pruebas presentadas por las víctimas, uno de los principales problemas que enfrentan los juzgadores de este tipo de denuncias.
“Nos parece que hay problema en la valoración de la prueba, es decir, cuál puede servirme como prueba para resolver un caso y qué valor le doy, principalmente cuando ahora muchas de las pruebas se obtienen de redes sociales o de conversaciones vía telefónica; cómo puedo recabar esta prueba, cómo desahogarla y valorarla, siempre va a ser un gran reto”, indicó.
Pérez Rivera es reconocido por haber participado en casos como la violación masiva de Daphne Fernández en Veracruz por parte del grupo de jóvenes conocido como “Los Porkys”, así como el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, además del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
El especialista afirmó que la capacitación para quienes integran las comisiones de Responsabilidad es importante, pues una vez que la víctima llega con el Primer contacto de su dependencia, éste canaliza la denuncia a la comisión y a ésta le corresponde investigar los hechos, recabar las pruebas y emitir una resolución.
A partir de este taller las y los miembros de las comisiones tendrán disponibles tanto la Guía de sanciones, que facilita el proceso en cuanto a la identificación de los tipos de violencia, el nivel de riesgo y las medidas cautelares; y la plataforma virtual de formación, que estará abierta con diversos recursos, manuales, audiovisuales y herramientas de capacitación para que cada año, cuando los miembros de las comisiones cambien, no empiecen de cero en los conocimientos en este tema.
Fernando Falcón López, miembro de la Comisión de responsabilidades y sanciones del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), subrayó que los retos para quienes integran estos órganos universitarios radican en investigar los casos con empatía y perspectiva de género.
“La objetividad, las habilidades para investigar, la empatía, éstos son los grandes retos que tenemos y, evidentemente, recabar la evidencia, porque al final del día las comisiones o las áreas que intervienen en ese sentido resuelven con evidencia; y la capacitación, más que apropiada, es oportuna y más que indispensable para el ámbito universitario”, indicó.
Gabriela Díaz, Secretario de actas de la Comisión de responsabilidades y sanciones de la División de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), aseguró que este taller ofrece una introducción al marco legal y una formación para la objetiva aplicación de la norma.
“Transitar al nuevo reglamento no ha sido fácil; hemos contado con el acompañamiento de la Unidad para la Igualdad y del equipo de trabajo del Abogado General, y eso nos ha permitido ir paso a paso con ellos y hacer frente a estas explicaciones. El reto es la justa y objetiva aplicación de la norma, pero nos faltan desarrollar ciertas habilidades, sobre todo en el campo de la investigación”, aseguró.
José Luis Cornejo Ortega, Secretario Académico del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), aseguró que se debe garantizar la homogenización de los criterios de evaluación de pruebas y sanción para que todas las instancias universitarias tengan manera de emitir resoluciones.
“Resaltar la importancia de una homogenización de los criterios porque en algunas comisiones sancionan de una manera y en otras, de otra manera; pero la normativa es muy clara, en este sentido debemos de aprenderla y expresar observaciones si es que existen lagunas. Los que conformamos las comisiones tenemos la alta responsabilidad de tratar con compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, por eso debemos ser honestos siempre buscando la justicia”, afirmó.
