El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara fue sede de la novena sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, donde actores, usuario del sistema judicial, activistas y organizaciones sociales de Colima, Jalisco y Nayarit, reflexionaron sobre los problemas en dichas materias y plantearon algunas propuestas.
El Rector del CUCEA, Luis Gustavo Padilla Montes, celebró que el campus universitario sea sede del encuentro, donde dijo, se generarán propuestas para la detección de problemas prioritarios y esbozar rutas de acción eficaces.
“La labor judicial es esencial para el desarrollo del país y una de las tareas que requieren la mayor eficiencia y eficacia posible. Por ello, ante las transformaciones y nuevos discursos en las formas de gobernar, se impone la necesidad de escuchar argumentos e ideas que nos lleven a un análisis más profundo de las propuestas y más de largo plazo para encontrar soluciones de Estado”, planteó Padilla Montes.
Destacó que la Universidad tiene la apertura al diálogo entre los distintos actores en un espacio de investigación ideal y también, acotó, en la excelencia educativa y en la formación de ciudadanos.
“En la Universidad Guadalajara educar es una tarea que va más allá de formar profesionistas, pues también hemos asumido el reto de formar ciudadanía que participe de manera crítica, activa y propositiva en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”, aseveró.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó el objetivo del Encuentro dedicado a la escucha de quienes se enfrentan a problemas puntuales de la seguridad y la justicia.
“El Poder Judicial de la Federación busca acercarse a la ciudadanía convocando tanto a las personas usuarias como a las autoridades encargadas del sistema de seguridad y justicia, para escuchar y conocer los principales problemas a los que se enfrentan y, de alguna manera, juntos generar alternativas de solución enriquecidas con todas sus experiencias”, precisó.
Enfatizó la exigencia de que las autoridades judiciales sean independientes y que su legitimidad democrática se sustente en la imparcialidad pues, cuando las autoridades judiciales resuelven asuntos judiciales, la única lealtad es a la Constitución y a las leyes que emanan de ella, y no a grupos o agendas externas.
Daniel Espinosa Licón, consejero presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, calificó el encuentro como una práctica de gobierno abierto para recoger quejas y reclamos al Poder Judicial.
“Para buscar las formas de cómo eficientar la labor, como lo establece la Constitución Política, de la función del Poder Judicial: impartir justicia para mantener la paz social y preservar el Estado democrático de derecho, y esta función no es solo de responsabilidad legal, sino de un derecho fundamental”, precisó.
Se trata de la novena sede de 14 que se llevan a cabo en todo el país con una decena de mesas de trabajo organizadas en cuatro ejes temáticos: acceso a los servicios legales; seguridad y justicia; sistema nacional de impartición de justicia; y justicia y rendición de cuentas. Los resultados se difundirán públicamente para conformar la Agenda Nacional de Seguridad y Justicia.
La convocatoria del Encuentro incluye a usuarias y usuarios del sistema de seguridad y justicia, representantes de la sociedad civil, litigantes, integrantes de los poderes judiciales federales y locales, personas académicas y servidoras públicas de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit reunidos en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).
A la ceremonia asistieron el magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima; la doctora Maby Urania Margarita Silva Guzmán, secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; Brian Alejandro García Ramírez, fiscal de Colima; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, Carlos Prieto Godoy, y la presidenta municipal interina de Zapopan, Ana Isaura Amador Prieto.
