Mujeres y desplazamiento forzado: problemática social en México

El desplazamiento forzado es la migración obligada de una persona o una comunidad debido a diversos factores como: violencia, persecución, grupos delincuenciales, conflictos armados, cambio climático, pobreza, etcétera. No es una decisión libre, sino una cuestión de supervivencia, así lo definió Karol Alejandra Guzmán Berumen, integrante del Cuerpo Académico de Violencia y Movilidad Humana, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Sin embargo, cuando las mujeres son obligadas a desplazarse de sus lugares de origen enfrentan violencias específicas que responden a un sistema patriarcal; redes de trata de mujeres, trabajo sexual forzado, trabajo sin seguridad ni leyes laborales, explotación y violencia, son solo algunos de los ejemplos.

“Las mujeres en este tránsito se convierten en un territorio de disputa, como dice Rita Segato. Es necesario replantear las políticas migratorias feministas e interseccionales, ya que si la mujer que migra es, por ejemplo, indígena, racializada o parte de la comunidad LGBTTTIQ+, va a ser víctima de otros tipos de discriminación y violencias”, comentó Karol Guzmán.

¿Por qué es importante abordar el desplazamiento forzado con perspectiva de género? “Porque el desplazamiento forzado no es neutral al género. Mujeres, niñas y niños y personas disidentes enfrentan riesgos, violencia y desafíos específicos que no pueden atenderse desde un punto de vista generalizado y masculino, dejando fuera soluciones efectivas para su protección. Los cuerpos de las mujeres en movilidad están atravesados por relaciones de poder históricas, en ese sentido, la migración forzada de las mujeres es un claro ejemplo del despojo del territorio tanto en lugares de origen hasta en el cuerpo. Sin este enfoque, se seguirá perpetuando el ciclo de violencia y de explotación”.

La especialista indicó que en diversos estados de nuestro país las personas se ven obligadas a desplazarse, principalmente por cuestiones de violencia: “Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. Son provocados principalmente por el crimen organizado, por peleas territoriales y por la militarización de la seguridad».

Retos de las mujeres en el desplazamiento

Desafíos complejos y profundos son los que tienen que enfrentar cada día las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. La violencia de género, por ejemplo, no cesa y continúa perpetuándose a través de sus cuerpos, además, se enfrentan a la falta de acceso a la salud, ya sea en términos reproductivos que psicológicos, dejando a muchas mujeres a merced de un trauma profundo.

La precarización laboral, que obliga a las mujeres a encontrar trabajos en condiciones de explotación, aislamiento social y pérdida de redes de apoyo, las condiciona a un aislamiento y a la soledad.

También muchas mujeres prefieren no denunciar, por ejemplo, contextos de violencia, por miedo a ser juzgadas, criminalizadas o en casos como Estados Unidos u otros países, deportadas, por lo tanto, las mujeres desplazadas son olvidadas por los sistemas de justicia y seguridad.

Políticas públicas a favor de las mujeres desplazadas

A pesar de la urgencia por proteger a las mujeres víctima del desplazamiento forzado, todavía es necesario implementar más y mejores protecciones para quienes son obligadas a abandonar sus territorios en busca de seguridad.

En México, existen diversas leyes de protección para las migrantes, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, la cual reconoce la diversidad de la violencia, sin embargo, las mujeres siguen enfrentando barreras y obstáculos estructurales para acceder a la justicia.

“A pesar de los avances, se sigue criminalizando a las migrantes y las instituciones siguen discriminando a las mujeres. Es muy común que las instituciones de migración no estén capacitadas con perspectiva de género, por lo tanto, se vulneran constantemente los derechos humanos de niñas y mujeres”, comentó Guzmán.

Ayudas como refugio, atención médica y asesoría legal han sido implementadas en diferentes estados del país, sin embargo, la desigualdad de estos programas hace que no lleguen a todas las mujeres que las necesitan.

“A pesar de que existen instituciones y asociaciones civiles que buscan proteger a las migrantes, es necesario declarar que esto no suple el papel del Estado en términos de defender y garantizar seguridad a quienes lo necesitan”, enfatizó.