Este 10 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la paz y el desarrollo, mismo que es promovido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2002. El tema para este 2020 se enfoca en la “Ciencia para y con la sociedad”; es un llamado a la solidaridad entre las distintas disciplinas del conocimiento para enfrentar la fragilidad del planeta, en medio de la incertidumbre que priva en el mundo por la pandemia del COVID-19.
La ciencia, al estar considerada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como el derecho de las personas a participar en el progreso científico y sus beneficios, se tiene la obligación de acercarla a la sociedad. El que los ciudadanos tengan al alcance una ciencia abierta al conocimiento, a la innovación y al apoyo para el desarrollo de la investigación como eje central del quehacer científico, garantizando su disponibilidad social, ha sido el mejor de los argumentos para solicitar a los gobiernos que su financiamiento sea público.
Pese a lo anterior, los patrones de inversión en la ciencia han cambiado poco en México en relación con otros países, cuya apuesta ha sido incrementar el gasto en Investigación y Desarrollo (I + D), tal es el caso de China, que en el año 2000 invertía el 0.89% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y para 2018 el 2.19%, Corea del Norte es otro ejemplo, que ha incrementado de 2.18 a 4.8% para los mismos años. Mientras que México se ha posicionado con el 0.31 y 0.5% del PIB a lo largo de éste periodo y con tendencia a la baja.
Ante la desaparición de los fideicomisos dirigidos al apoyo de ciencia y tecnología, prevalece la incertidumbre sobre el redireccionamiento de los recursos que estaban etiquetados en dichos fideicomisos y el cómo se fondearán los proyectos de investigación.
Otro factor que impacta en el desarrollo científico está asociado a la oportunidad que se brinda a los jóvenes en educación superior, espacio donde se impulsa la investigación básica y aplicada para generar nuevos conocimientos y resolver problemas de la vida cotidiana.
Una de las características de este nivel educativo es que la cobertura no alcanza ni el 50% en el país (41.6% con modalidad escolarizada y no escolarizada, sin incluir el posgrado) y se concentra en los campos de conocimiento de las ciencias sociales, humanidades y administración (51.7% en el pregrado y 70% en el posgrado), lo que representa un desequilibrio entre el área de las ciencias sociales y las ciencias naturales.
En este mismo sentido, llama la atención la participación de las mujeres en la ciencia, quienes, a pesar de tener una mayor tasa de matriculación en estudios de posgrado y de que conforme a la Encuesta del INEGI sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología, el 49.9% de ellas tienen interés en desarrollos científicos y tecnológicos, sólo representan el 37% del total de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La ciencia tiene el reconocimiento mundial como un vehículo natural para garantizar el desarrollo de un país y generar una cultura de paz; el desafío está en construir escenarios multidisciplinares que permitan un avance científico inclusivo, donde el acceso a la información, mediante mecanismos efectivos de divulgación de la ciencia, asegure la participación de la sociedad y se cumpla con el derecho universal de una ciencia abierta en beneficio de sus ciudadanos.
El apoyo gubernamental jugará un papel importante para dar cumplimiento a dicho derecho, así como las instituciones de educación pública que contribuyen con la formación de las nuevas comunidades científicas. En la medida en que se genere una cultura científica, los ciudadanos reconocerán el papel de la ciencia en su vida, en su entorno y en las bondades que permiten mejorar las condiciones sociales y económicas de un país.