Temas como la ausencia o la mala calidad de los servicios públicos, la forma inequitativa de repartir los recursos en las entidades y lo que se necesita para evitar el acaparamiento del poder por parte del gobierno federal en México, fueron tratados por académicas y académicos de distintas instituciones educativas durante el tercer y último panel, “Incentivos y capacidades institucionales para la recaudación estatal y municipal”, del foro virtual “Hacia un federalismo más equitativo para el desarrollo nacional. ¿Dónde estamos? ¿A dónde ir?”.
Dicho encuentro virtual es organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), transmitido por UDG TV Canal 44 y las redes sociales de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Jorge Alejandro Chávez Presa, economista especializado en la hacienda pública de gobiernos federales, locales y municipales, indicó que para que existan mejores servicios públicos es necesario que los tres poderes se alineen en el tema de la recaudación.
“Parece que hay ciudadanos federales, municipales y estatales; pero todos necesitamos que se nos proporcionen los mejores servicios posibles. Los municipios, que son donde vivimos y ejercemos nuestra vida, están enfrentando escasez de recursos”, dijo.
“Esto es ocasionado por el problema de incentivos, porque así se ha diseñado el sistema que tenemos actualmente: los Estados no recaudan y los municipios sí, pero sin las capacidades e instrumentos”, manifestó Chávez Presa.
Señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón se eliminó la tenencia, un impuesto que calificó como ejemplo del federalismo porque unió a los gobiernos federal y estatales en coordinación para cobrar sobre los automóviles, “era de gran poder de recaudación”, matizó.
Dijo que los gobiernos municipales han excedido el menú esencial de servicios que tienen que dar, pues “se dedican a dar servicios no solicitados o apoyos que no les corresponden; no es su función el impuesto predial (que recaudan), no se diseñó para eso”, expresó.
“Dos servicios que hacen falta y que el país sería mucho mejor es que los gobiernos estatales y municipales tengan la obligación de contribuir al progreso económico y reducir la pobreza”, subrayó Chávez Presa.
Fausto Hernández Trillo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), puntualizó un ejemplo que daría luz al bajo nivel de recaudación de impuestos, que es cuando se realizan las fiestas patronales en los pueblos. En estas festividades, “el mayordomo está dispuesto a recolectar dinero, casa por casa, a cada contribuyente y todos están dispuestos a aportar; esto porque hay una correspondencia fiscal”, describió.
“Quien aporta el dinero lo observa en las flores, la banda de música, los fuegos artificiales, el mole y el mezcal. ¿Y qué pasa con el predial? Ahí no se ve diferencia en la cantidad y calidad de los servicios públicos que debe estar recibiendo”, ejemplificó Hernández Trillo.
Guadalupe de Jesús Madrigal Delgado, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), compartió que es importante que haya una revisión de las potestades tributarias.
“Hay una centralización del gobierno federal, que recauda 13 por ciento del PIB; en cuanto a los gobiernos estatales y municipales es limitado: el promedio de recaudación en los Estados, en otros países federales, es superior a 5 por ciento de su PIB, y en México es de 0.7 por ciento”, informó.
“En los gobiernos locales de otros países la recaudación es de 2.4 por ciento del PIB; en México es 0.2 por ciento del PIB”, externó.
Estos dos parámetros son muy bajos, por lo que llamó a reformar un federalismo más equitativo para incrementar su capacidad institucional y recaudación local, así como revisar las funciones y servicios de los gobiernos, pues no sólo basta aumentar funciones.
Jaime Cervantes Cervantes, especialista en finanzas y hacienda pública, puntualizó que ante la escasez de recursos “se debe de gastar menos y recaudar mejor; ese es el talón de Aquiles de nuestro federalismo fiscal”.
“Es necesario revisar las estructuras administrativas –agregó–, legales y tecnológicas para mejorar y robustecer los ingresos de los Estados. No entiendo un federalismo activo con haciendas débiles, sin autonomía”.
Ady Patricia Carrera Hernández, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), manifestó que el federalismo fiscal tiene que ver con la falta de medicamentos en un hospital, que no haya agua en una casa o que no se pueda acceder a un servicio público.
“Este tema debería ser cercano y no verlo como una discusión de altos funcionarios de gobierno. Nuestro país es uno de los más centralizados del mundo, donde el gobierno federal recauda la mayor cantidad de los dineros públicos y luego los transfiere a los gobiernos estatales y municipales”, dijo.
“Esta forma no está funcionando desde hace mucho tiempo. Hay que cambiar nuestra mentalidad sobre lo que deben o no hacer los gobiernos municipales, pues hacen cosas que no les corresponden, pero lo hacen porque su comunidad se los demanda”, explicó.
Recalcó que no hay un andamiaje fiscal y que aunque se culpa al gobierno federal también se deben cuestionar las responsabilidades de los estatales y municipales, que no explotan la recaudación a su cargo, como el predial y otros servicios.
El responsable del proyecto del Centro de Estudios de la Hacienda Pública de la UdeG, Juan Diego Martínez, dijo que hay una insuficiencia de los recursos fiscales de los tres ámbitos.
“La fórmula de distribución genera incentivos para que los Estados no tengan alicientes para recaudar. El problema mexicano en 2021 es un problema de magnitud de recaudación”, dijo.
Refirió que, además, el sistema trata de forma desigual, pues pagan menos los que más tienen y le cargan más a quienes menos tienen.
“En cuanto a nivel de decisión de gasto, la federación decide 93 por ciento, pero los Estados también deciden sobre e72 por ciento del presupuesto asignado”.
Jarumy Rosas Arellano, especialista en política fiscal y moderadora del panel, destacó que el problema del federalismo fiscal mexicano es que tiene una captación centralizada, e invitó a la reflexión de posibles soluciones.
El pacto fiscal en México. ¿Cómo se recaudan y distribuyen los impuestos?»
En medio de la discusión sobre el pacto fiscal, que reclaman varios estados de la república mexicana, varios especialistas dialogaron sobre el historial y contexto de dichas dinámicas que han imperado por décadas.
Esto durante el segundo panel del webinar «Hacia un federalismo más equilibrado para el desarrollo social. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde ir?», transmitido por UDG TV Canal 44, las redes de la UdeG, y moderado por el director editorial de El Economista, Luis Miguel González.
Con el tema «El pacto fiscal en México. ¿Cómo se recaudan y distribuyen los impuestos?», Luis Miguel González, indicó que México es una de las 15 economías del mundo, pero en cuanto a recaudación se encuentra en la posición 136. «Los ingresos fiscales para México representan 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); el promedio entre quienes integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 33.9 por ciento», informó.
Recordó que, en cuanto a recaudación, los gobiernos estatales aportan 4 por ciento del PIB y los municipales, 1.6 por ciento.
Alberto Díaz Cayeros, de la Universidad de Stanford, dijo que para entender el federalismo fiscal de México, se debe de saber que existe una centralización sui generis con 40 años de inmovilidad.
«En México hubo negociaciones en la cúspide de la hegemonía del PRI en 1979; fue un sistema creado por un juego político, cuando todos los actores estatales eran miembros disciplinados del mismo sistema político dictado por el centro», dijo.
«El sistema de participaciones fiscales se estructuró con una lógica de no premiar el esfuerzo recaudatorio de las entidades –agregó–, sino una cierta compensación per capita; eso explica por qué hay ventaja en participaciones en estados».
Expresó que en el año 2000, «cuando llegó la democracia», no cambió el régimen tributario y que quien se quedaba con los excedentes eran los estados que, en las fórmulas, ya tenían beneficios por la distribución de los recursos, a partir de una lógica poblacional.
Heidi Smith, de la Universidad Iberoamericana, apuntó que una de las consecuencias de un federalismo desequilibrado se ha visto durante la pandemia, como lo es el aumento de casos de la enfermedad en entidades de forma desigual.
Mostró una gráfica en la que la Ciudad de México, Chihuahua, Baja California y Sonora presentan mucho más casos que en el resto de las entidades; si dichos estados se omiten, los casos parecen distribuirse de forma equilibrada en los demás.
«Pensemos en las políticas públicas que necesitamos para combatir el COVID-19, entendemos que son políticas locales: aislamiento, cubrebocas, impulsar la economía de los negocios locales; esas son políticas locales que hacen los alcaldes y representantes de barrios que se encargan de la sanidad», declaró Smith.
Sin embargo, aunque la Ciudad de México ha hecho más políticas (donde está centralizado el poder en el país), tiene más casos en términos de partes individuales que en otros estados.
«Las políticas públicas que necesitamos son de tres tipos: equipamiento de hospitales, suficiente oxígeno y asegurar que la economía genere riqueza: que las Pymes y medianas empresas tengan dinero y asegurarnos que la macroeconomía tenga buen ritmo», externó.
«Es un federalismo desbalanceado que tiene efecto en la calidad de la política pública, en la capacidad de los gobiernos estatales y municipales», subrayó.
Horacio García Sobarzo, académico de El Colegio de México, apuntó que en 1978 se instituyó el IVA en México con el argumento de modernizar la recaudación y desaparecer otros impuestos. «El argumento era que los estados cedieran su capacidad recaudatoria a la federación. Al inicio fue con el criterio de compensarle a los estados (con lo que recaudaron) y con un poco más. Con el paso del tiempo se cambiaron los criterios para repartir los recursos y tuvo más importancia el criterio poblacional», recalcó.
Mencionó que algunos estados reclaman que no reciben lo que aportan, pero que eso ha sucedido siempre. «En los 80 el gasto se decidía por parte del Poder Ejecutivo y había mucha discrecionalidad para asignarlo. En los 90, con la apertura política, se empiezan a crear reglas para distribuir el gasto», matizó García Sobarzo.
«Muchos gastos se distribuyen con base en fórmulas. En los 90 se ganó un poco más en que el gasto fuera menos discrecional; sin embargo, el costo de eso es que, quizá por los excedentes petroleros o la cultura política, se introduce mucho de la reforma política sobre el ejecutivo y terminaron condicionando la forma en que se crearon dichas fórmulas», añadió.
Calificó al federalismo como un fracaso tras 40 años, y que el gasto educativo y de seguridad pública se ha vuelto a centralizar.
Nancy García Vázquez, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que el federalismo es una forma de coordinación del gasto público entre las distintas regiones.
«La pandemia acentuó y evidenció presiones de gasto en salud para los estados y la federación, que hicieron que los estados optaran por programas compensatorios o apoyos, dado el cierre de empresas; disminución de pago de impuestos locales, e incluso optaron por el endeudamiento», dijo.
«Esta es una de las primeras señales de alarma de este fracaso –recalcó–. Los insumos, la estrategia de vacunación sin criterios de política pública, eso ha llevado a que los gobernadores manifiesten su inconformidad en la distribución de recursos».
Declaró que todo esto revela cosas del federalismo fiscal y la alta dependencia financiera que hace que los estados estén rebasados en la atención médica y que el gobierno federal también se vea afectado porque bajó la recaudación.
«Sí hay enfermedades que persisten en el federalismo fiscal de los años 80 y se mantiene ese desequilibrio regional: no se abate la pobreza y marginación, y hay alta dependencia financiera de los gobiernos locales», externó.
Antonio Sánchez Bernal, también académico de la UdeG, recomendó una centralización de los ingresos por parte del gobierno federal y una descentralización del gasto desorganizado, que no ha corregido los desequilibrios verticales ni horizontales.
«Las entidades y municipios pobres siguen teniendo brechas y no hay evidencia de que ese sistema de transferencia se corrigiera. El 16 por ciento del IVA no alcanza para educación, salud, pensiones y participaciones», denunció.
«El sistema de pensiones se estima que en diez años tenga un peso de 65 por ciento del PIB; actualmente, educación, salud, pensiones y aportaciones rebasan nuestros ingresos tributarios».
Ante la crisis económica, el gobierno federal tiene pocas herramientas porque su capacidad de controlar el ciclo económico es reducida”, y cuando se pide que haya política fiscal, el gobierno central recurre a la deuda.
«Nuestro sistema nacional de coordinación fiscal está ligado a la política energética y ésa la estamos cambiando cada seis años», subrayó Sánchez Bernal.
Dijo que es momento en México de que, tras 40 años, ese acuerdo se debe romper, pues incluso eso convendría al gobierno federal, pues ampliaría sus ciclos económicos y los estados tendrían ingresos propios para generar bienestar a los ciudadanos de su territorio.
