El agua, como uno de los elementos indispensables para el ser humano, ha constituido la base para el desarrollo sostenible. Sin embargo, como bien mencionaban ya en 2007 los Investigadores Lilia Rodríguez y Jorge A. Morales, la relación positiva entre recursos hídricos y desarrollo económico se ha deteriorado seriamente en nuestro país como consecuencia de la sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, su contaminación y el crecimiento urbano desordenado, entre otros factores, y, en general, por un pésimo sistema de gestión integral del agua.
La restricción de la disponibilidad del agua ha llegado a crisis severas, como la ocurrida recientemente en el estado de Chihuahua, donde los agricultores y productores tomaron la Presa La Boquilla en demanda de agua para sus cultivos y la negativa de que el recurso hídrico se destine a cumplir con un tratado signado con los Estados Unidos de América que data de 1944.
La sobrepolitización del tema, en particular por parte del Gobierno Federal, no abona a la solución del conflicto. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) trata de justificar lo indefendible, México está obligado a entregar el agua que no tiene, dado que los temporales de lluvia han sido erráticos en los últimos años y los afluentes no aportan a las presas el recurso hídrico que debería resguardarse para proveer el agua necesaria, no sólo para labores agrícolas y el uso doméstico e industrial en toda la región norteña, sino para prever un futuro de sequía por el cambio climático.
Sin agua no hay desarrollo, pero tampoco la supervivencia de las poblaciones, este recurso es un factor fundamental para la seguridad nacional, que debe cuidarse, protegerse y tratarse en caso de estar contaminado. Pero el gobierno parece hacer caso omiso de las demandas sociales.
Sin ir tan lejos, en la zona metropolitana de Guadalajara se está distribuyendo agua sucia y contaminada, sin que hasta el momento haya una explicación sensata sobre el fenómeno por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y, mucho menos, se hayan tomado las medidas para sanearla, garantizar la calidad del líquido y, por ende, la salud de la población.
En Guadalajara, y en general en nuestro país, es impensable que podamos tomar agua directamente del grifo, como ocurre en muchos otros países, que incluso no se consideran con el nivel de desarrollo de México, en donde sí se provee de agua totalmente potable para el consumo humano.
Si usted, amable lector, revisa el recibo del agua que le cobra puntualmente el SIAPA, se dará cuenta que más del 35% del pago se refiere a las cuotas de alcantarillado y plantas de saneamiento: ¿en qué están aplicando este recurso si el agua no es potable y por el contrario, está contaminada con heces fecales que pueden -tal vez- provenir del alcantarillado?
Los anteriores son dos ejemplos que parecieran estar distantes uno del otro en su dimensión y ubicación geográfica, pero que ilustran la dejadez de las autoridades de todos los niveles para atender un tema crucial para nuestro país. Por otra parte, es evidente que la infraestructura es anticuada en la mayoría de los casos, por lo que el desperdicio del vital líquido es más del que se puede llegar a distribuir, lo cual acrecienta el desabasto, pero la responsabilidad de esto no es de los usuarios, sino de la entidad que administra y supuestamente potabiliza el agua que se recibe para uso doméstico.
El caso de Chihuahua, de grave dimensión social, económica y política, y en una escala más pequeña lo que sucede con el agua en la zona metropolitana de Guadalajara, debe alertarnos como ciudadanos para tomar un rol más activo en la toma de decisiones que ponen en riesgo nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Informarnos, exigir el rendimiento de cuentas con la verdad y con oportunidad, obligar a los legisladores a aprobar leyes que garanticen el acceso al agua para todos, y a la autoridad a emitir políticas idóneas, es nuestra obligación, el voto es nuestro y habrá que ejercerlo con conciencia en la defensa de nuestros derechos.
