A partir del año 2015, la UNESCO proclamó el 28 de septiembre Día internacional del derecho de acceso universal a la información, como un derecho humano fundamental de las personas para solicitar, tener acceso y recibir información de los organismos que ejercen una función pública, así como concientizar sobre el deber del Estado para proporcionar dicha información. Aunado a este fin, se encuentra el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que se refiere a “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” y que en su meta 16.10 establece “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
En este sentido, México ha avanzado en la institucionalización del acceso a la información a partir de la reforma en 2007 del artículo sexto constitucional que, entre otras cosas, refiere: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”; ello dio origen a la consolidación del marco normativo y a las instituciones que vigilan el cumplimiento de las leyes, reglamentos y lineamientos existentes en esta materia.
Desde el Sistema Nacional de Transparencia, coordinado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), fue creada la Plataforma Nacional de Transparencia, que permite cumplir con los procedimientos y obligaciones de los sujetos obligados. Además, cada instancia ha procurado mantener sus respectivas plataformas digitales para ofrecer la información que por ley debe estar abierta a la sociedad.
Aunque las herramientas existen para cumplir los requisitos legales sobre el acceso a la información, según los resultados del estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (Métrica del Gobierno Abierto, 2019), el gobierno cumple con las obligaciones de transparencia, pero eso no significa que la información entregada a los solicitantes sea útil.
Desde otro ángulo, la dispersión de la información en los sitios construidos para compartirla, así como la ausencia de la totalidad de elementos que éstos deben contener, prevalece en muchos portales de todos los niveles de gobierno y de instancias sujetas a informar. Al respecto, el citado estudio menciona que, en la dimensión de transparencia, México alcanzó en promedio un índice de 0.64 (en la escala de 0 a 1), lo que significa que los sujetos obligados sí cumplen con publicar y dar respuesta a las solicitudes de información dentro del plazo establecido, pero sus acciones carecen con frecuencia de enfoque ciudadano, y no otorgan respuestas de forma rápida, completa y clara, ni que lo que publican considera el interés de los ciudadanos.
¿Cómo garantizar la eficacia en la transparencia de la información? Esta es una tarea que todavía requiere de mucho trabajo, para hacer conciencia de la importancia de generar confianza en las leyes y las instituciones para la comunicación y uso correcto de los datos, sea cual fuere el ámbito que aplique: para sensibilizar a la población sobre el valor que tiene reforzar la aplicación de políticas de transparencia para reducir, o en su caso eliminar, las asimetrías de acceso a la información en las organizaciones públicas, lo cual abona a garantizar la calidad en la información y en el funcionamiento de los entes que son sujetos obligados para transparentar y rendir cuentas.
Una sociedad informada, participativa, interesada y responsable ayudará en la construcción de un país menos opaco, más libre y seguro y con mejores resultados en la aplicación de los recursos.
En la medida en que las instituciones asuman su papel para poner a disposición de los ciudadanos la información ordenada, adecuada, sistemática y clara, se garantizará el derecho al acceso universal de la información y su contribución hacia una sociedad más justa.
