La participación de las mujeres en política es fundamental para la democracia en el mundo. Diversas son las acciones internacionales que se han adoptado para fomentar la inclusión de las mujeres en la vida pública.
Entre ellas, se encuentra la adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, con la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se constituye como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene la intención de fortalecer el acceso a la justicia y la paz mundial (ONU).
Los ODS cuentan con 17 objetivos prioritarios, y el número cinco es el que establece una serie de metas a favor de la agenda de la igualdad de género. En éste, se enfatiza la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas y el impulso a su liderazgo.
En el marco de esta agenda internacional, los Estados han adoptado una serie de medidas para lograr los objetivos, por ejemplo en México, con las reformas constitucional y legal en materia electoral de los años 2014 y 2020, se establecieron diversas acciones en favor de las mujeres, desde el principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas, hasta la incorporación de forma transversal de diversas normas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Desafortunadamente, aún falta mucho por hacer, las elecciones celebradas en los años recientes dan cuenta de la brecha de desigualdad en materia de participación política entre mujeres y hombres, así como de las dificultades de las mujeres para acceder a los espacios de representación, incluso, para tener acceso a sus prerrogativas en igualdad de condiciones.
Aunque los partidos deben promover los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizar la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas (Artículo 3 LGPP), los obstáculos para que las mujeres fortalezcan su liderazgo se hacen patentes.
Este 2022 ofrece una valiosa oportunidad para fortalecer los liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos. Cada año, estos últimos deben destinar al menos el 3% del financiamiento público que corresponde a sus actividades ordinarias para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Traducido en cifras, esto significa que a nivel nacional de los 5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos que recibirán en su conjunto los partidos políticos, deben destinar 166 millones 318 mil 806 pesos a dicho fin. En Jalisco, por su parte, los partidos políticos recibirán 153 millones 312 mil 181 pesos por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias, y deberán destinar 4 millones 599 mil 365 pesos a este rubro. La fiscalización del uso y destino de estos recursos corresponderá al Instituto Nacional Electoral.
Los montos indicados son un piso mínimo para que las mujeres militantes o simpatizantes de los partidos políticos fortalezcan sus liderazgos y asuman un papel cada vez más contundente en el espacio público. Los partidos políticos más allá de sus obligaciones constitucionales y legales, tienen la oportunidad de convertirse en entes promotores de la igualdad de género bajo el apego irrestricto a los derechos humanos, en un marco de exigencia en favor de la paz y comunidades sostenibles, alineándose decididamente a los ODS.
Texto: Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, integrante del Observatorio Político Electoral, de la Universidad de Guadalajara
