Las Defensorías de los Derechos Universitarios (DDU) deben de ser empoderadas para un efectivo combate, prevención y erradicación del hostigamiento sexual a estudiantes; pero, sobre todo, deben de difundirse las normativas para denunciarlo y sancionarlo.
Así lo explicó Araceli Márquez Orozco, representante de la DDU en la Preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara, durante la presentación del libro Aproximaciones a los derechos universitarios, editado por la DDU de la UdeG que encabeza Dante Haro Reyes, y en el cual participan autores de la Red Universitaria y de diversas instituciones del país.
Márquez Orozco comentó el tema “Hostigamiento sexual en universidades”, de la autoría de Elba Acevedo Rojas, quien es asesora de la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el que aborda esta problemática en la institución sudamericana.
“Ahí se documenta que, tristemente, el hostigamiento sexual es muy frecuente en las universidades latinoamericanas, y están involucrados docentes y estudiantes. Ella hace su estudio en la Universidad Nacional de Ingeniería y propone medidas para prevenir y erradicar. Es un trabajo interesante que busca fortalecer el nivel de percepción del problema, identificar los agentes, espacios y modalidades del hostigamiento, acompañar la acción de estudiantes frente a estos casos y empoderar a las defensorías universitarias; además de reconocer la normatividad y sensibilizar a los estudiantes mediante el uso de redes sociales”, dijo.
En el estudio, la académica de Perú explica que en aquella institución 27 por ciento de los encuestados para el texto dijo que ha sido víctima de hostigamiento alguna vez, y 49 por ciento ha sido testigo de un hecho de esta naturaleza; además, 61 por ciento declaró conocer a hostigadores, informó Márquez Orozco.
Entre las modalidades registradas figuran los comentarios morbosos u obscenos, las miradas sostenidas, los piropos, tocamientos sin consentimiento, e incluso propuestas de encuentros sexuales. El 18 por ciento dijo que había recibido algún mensaje con contenido sexual a su teléfono o redes sociales, y 67 por ciento no conoce las normas de sanción, por lo cual es fundamental darlas a conocer entra las comunidades.
Otro capítulo del libro se titula “Revictimización de mujeres jóvenes en instituciones públicas de Jalisco”, escrito por María Esmeralda Correa Cortés, co-coordinadora de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre Juventud y la activista Ameyali Esmeralda Cervantes Correa.
“En éste se documenta que, en los interrogatorios, cuando las mujeres jóvenes acuden a denunciar un delito en su contra, hacen que repitan su historia; que la repitan y la repitan para caer en constante sufrimiento. Ellas dicen que, además de la revictimización, hacen falta protocolos, personal capacitado en perspectiva de género, enfocados en menores de edad”, apuntó Márquez Orozco.
Las adolescentes, al ser grupo vulnerable, tienen problemas de exclusión, desigualdad social y no se les ubica ni en la niñez ni en la adultez, y caen en procesos de procuración de justicia que se alargan, una escasa atención psicológica y la ausencia de casas hogares o refugios. A esto se suma la falta de una política pública para romper el círculo de violencia.
La profesora investigadora del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), Laura Leticia Salazar Preciado, se refirió al derecho a la salud, que ha tomado relevancia en el contexto pandémico.
“Está teniendo un impacto importante en la deserción escolar en todos los niveles, por supuesto incluido el nivel universitario”, apuntó.
Abordó la importancia de garantizar el derecho a la alimentación, pues impacta en condiciones de salud adversas y no debe de limitarse solamente a un conjunto de calorías y productos, sino adaptarse a las características culturales e individuales; por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen otros requerimientos, dijo Salazar Preciado.
“Los aspectos básicos de este derecho es la disponibilidad en calidad y cantidad de los alimentos, que sean inocuos y no representen riesgos a la salud por microorganismos que generen enfermedad y que los productos no sean nocivos por exceso de azúcares o grasas. Debe de haber accesibilidad económica, sostenible, que en todo momento se acceda a este derecho”, subrayó.
Y aunque todos los países tienen una agenda al respecto, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se trata de una agenda pendiente, incluyendo a México, a pesar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye el derecho a la alimentación.
El representante de la DDU en el CUTonalá y autor del primer capítulo del libro, Rubén Ortega Lozano, explicó que en este volumen se tratan temas como los derechos humanos de cuarta generación y su ejercicio con las tecnologías de la información.
“El ejercicio del derecho humano al aprendizaje, el libre desarrollo de la persona, teniendo como herramienta el Internet, son un cambio para la sociedad mexicana y, por supuesto, para la comunidad universitaria”, indicó.
Finalmente, Roberto Govela Espinoza se refirió a la inclusión educativa de jóvenes con discapacidad. En el capítulo de su autoría, detalló que en el Área Metropolitana de Guadalajara la UdeG, el ITESO, el Tec de Monterrey, la Universidad Panamericana, la UNIVA y la UTEG, cuentan con programas para esta población.
