El envejecimiento de los titulares de predios agrarios y una mayor participación de las mujeres en el campo han propiciado que el crimen organizado y el mercado económico ganen terreno en el campo mexicano, afirmó Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, Procurador Agrario del gobierno mexicano, en su conferencia “Visión integral del derecho agrario”, en el marco de la inauguración del diplomado en Derecho agrario, pueblos indígenas y sustentabilidad, organizado por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
“Se estima que un tercio de quienes trabajan la tierra son mujeres, de las cuales más de la mitad no tienen reconocidos sus derechos como titulares, ya que se trata de esposas, concubinas o hijas de titulares que han abandonado la tierra o que no participan, pero que no tienen derechos reconocidos y no pueden aportar en las asambleas lo suficiente, ni les son reconocidos en ocasiones los derechos de usufructo sobre la tierra que disponen”, aseguró.
Esto se suma a que cerca de 30 por ciento de los titulares de tierras agrarias tienen más de 65 años de edad, lo cual conlleva no sólo que dejen de trabajar en la parcela, sino que dejan de participar en las asambleas comunitarias donde se toman las decisiones.
“Esto trae como consecuencia un debilitamiento social, pues los núcleos agrarios no tienen la participación de cohesión interna para la toma de sus decisiones colectivas y esto los hace extraordinariamente vulnerables, tanto a las acciones de mercado como incluso a la delincuencia organizada”, explicó.
El procurador aseguró que otro de los problemas es la creciente migración del campo a las ciudades o a Estados Unidos, lo que ha despojado de la fuerza de trabajo de varones jóvenes a los sectores sociales.
Palacios Mirón afirmó que todo esto converge en una precarización de la vida de quienes viven del campo. Estimó que 60 por ciento de los titulares de derechos agrarios en los núcleos viven en pobreza o en pobreza extrema, que se ha agudizado en los últimos años.
Ante ello, es urgente reconstruir el concepto de territorio como “la condición geográfica, social y económica que da expresión a ejidos y comunidades”, y reforzar la idea de que quienes ahí viven son los titulares de esos territorios, es decir, de la superficie de la tierra, el agua superficial, la selva, el bosque, los pastos, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los lugares sagrados”, abundó el procurador.
Recordó que el pasado 8 de octubre la comunidad wixárika recibió el decreto presidencial para la protección de sus lugares sagrados que busca su apropiación colectiva.
“Esto implica una posibilidad de la apropiación colectiva por parte de los pueblos y comunidades originarias y, por último, los elementos del paisaje como un elemento de los bienes de la contemplación que tiene que ser parte de esta propiedad colectiva; esta es la necesidad que tenemos de tener una visión distinta de qué es lo agrario”, señaló.
