Si no hay derecho a la verdad garantizado no habrá acceso a la justicia, ya que el derecho a la verdad tiene una vertiente que es la investigación eficaz por parte de las agencias ministeriales para dar con las personas desaparecidas y con los perpetradores, conocer los contextos y estructuras que favorecieron la desaparición, expresó María Teresa Villarreal Martínez, académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Al participar en la videoconferencia “Desapariciones forzadas”, celebrada en el marco del Círculo de Análisis sobre Derecho y Justicia, que organiza el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Villarreal Martínez expresó que las desapariciones en el país se han presentado desde 1960, pero registran su etapa más grave desde 2006 hasta la fecha.
“Seguramente, llevará décadas conocer qué pasó con las personas desaparecidas y eso, como sociedad, nos debería preocupar. Aunque creo que hay más sensibilidad sobre este problema, es importante que vayamos entendiendo que es parte de nuestra historia. El derecho a la verdad tiene esta vertiente colectiva de reconocer que esos episodios y cada víctima son fragmentos de esa historia colectiva nuestra que nos afecta».
«No nos acostumbremos a esta barbarie, no la normalicemos”.
Recordó que en México las cifras oficiales indican más de 90 mil personas desaparecidas o no localizadas, y es importante dimensionar cuantitativamente el problema, no para que las víctimas sean un número más, sino para que las autoridades dimensionen la magnitud del problema.
“Las expectativas para el caso de México no son muy halagüeñas en lo referente a la prevalencia del problema, porque en el actual sexenio sigue la ocurrencia de la desaparición de personas, sigue sin haber claridad de si se trata de desaparición forzada por particulares o de qué otro tipo de delitos. Por otra parte, el Sistema Nacional de Búsqueda apenas comienza a tener vuelo; yo espero que haya sentencias, pues ahora son contadas con los dedos de las manos”, añadió.
Comisiones de la verdad
En el caso de las Comisiones de la verdad, Jorge Rodríguez Rodríguez, académico de la Universidad Complutense de Madrid, dijo que el derecho a la verdad tiene una dimensión dentro del organigrama del derecho internacional y es una obligación de los Estados.
“Para un funcionamiento correcto, la Comisión de la verdad debe de contar con comisionados imparciales, competencia temporal y material suficiente para investigar las principales violaciones de derechos humanos; apoyo estatal para poder colaborar con la administración pública sobre todo lo que concierne a la consulta de archivos oficiales; emitir un informe final que sea correctamente publicitado y que pueda ser utilizado como prueba documental en sede judicial; conclusiones dirigidas a los tres poderes, así como capacidad para identificar y nombrar a los victimarios”, apuntó.
Javier Chinchón Álvarez, también de la Complutense de Madrid, explicó que en el caso de España, aunque no existen cifras exactas del número de desaparecidos, se habla de que son alrededor de 100 mil, en hechos que comenzaron a partir de 1936 en adelante.
“El Estado debería de ser capaz de encontrar a las personas; incluso, los Estados deben garantizar que las desapariciones forzadas del pasado sean investigadas de manera efectiva e imparcial, independientemente del tiempo en que ocurrieron”, dijo.
Chinchón Álvarez expresó que es necesario, en el mundo, seguir empujando, peleando, acompañando a las víctimas, a sus familiares, e incluso a los órganos de protección de derechos humanos en el combate a este problema y el derecho a la verdad.
