Estado mexicano en deuda con pueblos originarios: Marichuy
En entrevista, María de Jesús Patricio Martínez hace un balance del 30 aniversario de UACI, así como de la relación Estado y comunidades indígenas
- INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO
- Adrián Montiel González
- Foto: Abraham Aréchiga
- abril 15, 2024
El Estado tiene una deuda histórica con los pueblos originarios en el reconocimiento de los derechos colectivos para decidir qué hacer con su tierra y bosques, y en la participación efectiva e informada para aprobar o no megaproyectos hidroeléctricos, petroleros y mineros.
Así lo comentó María de Jesús Patricio Martínez, «Marichuy», defensora de los derechos humanos, médica tradicional en Tuxpan, Jalisco, y colaboradora de la Unidad de Atención a las Comunidades Indígenas (UACI), en un balance del 30 aniversario de la dependencia de la Universidad de Guadalajara.
Una de las obligaciones del Estado, de acuerdo con Patricio Martínez, es el respeto a las formas propias de toma de decisión al interior de las comunidades de cómo ejercen su gobierno propio al interior.
“La otra deuda es respetar sus territorios, porque están imponiendo megaproyectos que están dañando la tierra, contaminando las aguas y destruyendo árboles y animales”, explicó.
Las principales razones de las imposiciones en comunidades de pueblos originarios es la indiferencia hacia sus necesidades y la realización de consultas falseadas.
“El Estado tiene que preguntar, ser claro y decirles ‘miren, vamos a poner una hidroeléctrica, un gasoducto o una mina; vamos a abrir esta tierra, pero esto va a ocasionar ciertos daños’, nunca les dicen, hacen unas consultas amañadas y les entregan despensas”.
El propio gobierno traiciona la confianza de las comunidades, aprueban los proyectos e ignoran los gobiernos locales, “les dan un golpe por la espalda, una puñalada”, acotó Marichuy.
Práctica que ocurría ya antes del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero después de 1994 los gobiernos implementaron estrategias para prevenir movimientos de insurrección en otras comunidades indígenas.
Una de ellas es la entrega de recursos económicos como una estrategia de división interna para crear choques y confrontar en las cuestiones del reclamo de tierras, que aprovechan la policía para mediar y hasta los grupos delictivos.
“Desde mi punto de vista, esto daña y sigue dañando a las comunidades: no es dinero lo que ocupan los pueblos, sino, como dicen nuestros hermanos zapatistas, el reconocimiento a los derechos colectivos: tal vez se reconocían los derechos individuales, pero los pueblos trabajan y miran todo de manera colectiva, no lo ven de manera individual, como lo ve el capitalismo”, ahondó.
Para Patricio Martínez, el acercamiento a la UACI desde 1994 representó la participación efectiva: primero con su proyecto de medicina tradicional y, posteriormente, su participación en la construcción del Congreso Nacional Indígena (CNI) creado en 1996 por pueblos originarios tras los diálogos y acuerdos de San Andrés.
La UACI, explicó, nació con la inquietud del acercamiento, de caminar juntos y del apoyo.
“Nosotros les decíamos ‘miren a veces, decimos en las comunidades, la mejor manera de apoyar es no estorbar, dejar que los pueblos caminen, eso me gustó: la idea de reflexionar en cómo sería la mejor manera de acompañar a los pueblos”, concluyó.
