Diecisiete de los 18 estados de México que legislaron contra la violencia vicaria no consideraron que este tipo de agresiones tienen lugar por razones de género, es decir, que el daño a las madres y los hijos sólo puede ser llevado a cabo por los padres, afirmó Érika Córdova Catalán, abogada especialista en este tipo de casos, durante el foro “Perspectiva de género en el abordaje de la violencia vicaria: aspectos legales, psicológicos y de derechos humanos”, que tuvo lugar en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), a propósito del 8M.
La abogada explicó que únicamente el Congreso de Yucatán, donde las mujeres pudieron votar por primera vez en México, fue el único que incorporó esta perspectiva a su legislación, además de reformar la normativa para el bienestar de niñas, niños y adolescentes al garantizar sus derechos.
Las otras entidades aprobaron leyes sin catalogar esta violencia por razones de género, lo que deja desprotegidas a las mujeres que denuncian a sus parejas o exparejas ante la omisión de los jueces y autoridades encargadas de atender sus casos, con consecuencias como la pérdida de custodia de sus hijas e hijos o hasta el encarcelamiento.
Explicó que “violencia vicaria” es la que un hombre ejerce contra su expareja mediante la manipulación, violencia psicológica o sustracción de sus hijas e hijos, que se agrava ante la complacencia y omisión de los jueces.
Detalló que esta modalidad de violencia no es posible imputarla a mujeres que no permiten a su expareja ver a sus hijos, pues en esos casos las mujeres son señaladas y castigadas por la sociedad y los jueces, producto de un sistema patriarcal que favorece a los hombres, lo que no sucede en caso contrario.
En el foro, Denisse Rodríguez, víctima de violencia vicaria, contó que un juez de Puerto Vallarta le otorgó a su expareja la custodia de sus dos hijos varones pese a que ella había interpuesto denuncias en reiteradas ocasiones por violencia familiar y violencia física contra ella.
Pese a las evidencias y partes médicos mostrados, el juez priorizó una denuncia del padre y ordenó el encarcelamiento de Rodríguez, quien estuvo en prisión una semana hasta que demostraron su inocencia.
“Parte de la violencia que enfrentamos tantas mamás en el estado es producto de la omisión que siguen ejerciendo los agresores, y por el apoyo de las autoridades que nos están violentando a las mujeres y las infancias”, denunció.
Patricia Ortega Medellín, académica del CUCS, afirmó que el patriarcado ha inculcado la idea de que todas las mujeres deben de ser madres y, a la vez, que todas son malas madres si ejercen sus derechos. También la sociedad ha fomentado entre las víctimas la admiración y el cariño por un padre violento, y hasta los hace sentir mal cuando defienden a su mamá.
Por ello es que se defiende la idea de que las mujeres tienen la obligación de aguantar malos tratos de sus parejas, por el bien de su familia, hijas e hijos, y con tal de tener un padre presente para ellos.
“Las instituciones dañan a las mujeres e infancias de forma profunda e innecesaria; si el 8 de marzo nos sirve de algo es para entender que las mujeres no merecemos el sufrimiento, que las madres no son criminales y que tienen derecho a estar con sus hijos e hijas”, concluyó Ortega Medellín
