A pesar de que existen políticas y medidas que buscan dar espacios en la política a grupos históricamente relegados, su participación aún resulta simbólica, pero puede ser el inicio de una serie de cambios para garantizar la integración de mujeres, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas indígenas.
Así lo consideraron especialistas del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), tras analizar las acciones afirmativas y de paridad que deben de seguir los partidos políticos en este proceso electoral y facilitar la participación de estos grupos relegados.
“Todavía se queda en un término simbólico, pero sí podemos decir que, en el caso de las mujeres, que llevan muchos más años siendo representantes, sí se ha demostrado en estudios científicos de México y el mundo que ante mayor presencia de ellas se han incrementado leyes y reglamentos que favorecen temas de mujeres”, aseveró la Coordinadora del observatorio, Mónica Montaño Reyes.
Las acciones afirmativas son medidas o políticas que tienen como objeto ayudar a poblaciones que históricamente han sido relegadas de la política, explicó Omar de la Cruz Carrillo, integrante del observatorio e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California.
“En septiembre del año pasado el INE construyó un acuerdo en el cual delimitó cómo serían estas acciones afirmativas, y lo que tenemos que destacar es que la paridad es el tema más relevante en todos los acuerdos”, destacó.
Sin embargo, mencionó que aún es necesario fortalecer los mecanismos que justifiquen que las y los candidatos pertenezcan a estos grupos no representados, ya que actualmente cualquier persona puede afirmar que pertenece a estos sectores a través de una carta escrita.
Detalló que el INE tiene la tarea de elaborar índices de competitividad para colocar a las mujeres y a otros sectores históricamente relegados en distritos o elecciones en las que los partidos tengan mayor posibilidad de ganar.
“De esta forma, lo que se intenta es que puedan acceder a puestos de representación popular y que no suceda como en otras elecciones en las que son colocadas candidaturas en municipios donde no tienen la posibilidad de ganar”, externó.
En el caso de Jalisco, las autoridades electorales son las encargadas de observar que se cumplan los lineamientos para garantizar una representación de los distintos grupos, subrayó Yoloxóchitl Corona, integrante del observatorio.
En el estado se planea que todos los municipios cuenten con una fórmula por plantilla que garantice la presencia del grupo de juventudes (de 18 a 35 años); en el caso de los pueblos originarios, los cinco municipios mayoritariamente indígenas se establece que debe haber al menos un candidato o candidata de este sector en las elecciones municipales.
“En personas con discapacidad, en el caso de regidurías se busca que haya por lo menos una fórmula en los 19 municipios donde el partido sea más competitivo; en el caso de la comunidad LGBTTTIQ+, que haya una fórmula en los seis municipios en donde los partidos sean más competitivos”, mencionó.
Recordó que gracias a reformas federales y estatales la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede sancionar en los ámbitos electoral, penal y de responsabilidades administrativas.
Montaño Reyes también lamentó el suceso en el que ayer dos mujeres trabajadoras de una universidad privada de Guadalajara perdieron la vida tras ser lesionadas con arma blanca, y consideró que aún es necesario implementar medidas desde el ámbito político y en todos los sectores para garantizar seguridad a los grupos menos representados.
“Es un tema de acciones afirmativas, de paridad e inclusión, porque si eso empieza desde las élites políticas y desde las autoridades electorales, tendría que bajar hacia la ciudadanía en general y mejorar la convivencia”, declaró.
