La influencia de la región hidrológica del Lerma-Santiago-Pacífico abarca 191 mil kilómetros cuadrados a lo largo de los estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit. Toda esa área padece porque sus aguas están contaminadas.
En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo, académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) expusieron un manifiesto en el que exigen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se atienda a cabalidad el rescate de los ríos Lerma y Santiago.
La Presidenta de la Academia de Derecho Ambiental y Urbano del CUCSH, Carmen Patricia García Torres, recordó que el derecho de gozar de un agua de calidad se establece en el artículo 4 de la Constitución Mexicana, y que lo debe proveer el Estado, en sus tres órdenes, mediante la ley.
“El Gobierno de Jalisco ha tratado de incidir en resolver la problemática de contaminación del Río Santiago, sobre todo con el proyecto ‘Revive el Río Santiago’, que gira principalmente en la construcción de plantas de aguas residuales y la emisión de criterios de sus descargas en una NOM estatal; ello es insuficiente para controlar la contaminación del río, sanear sus aguas, restaurar la cuenca alta y de Chapala”, expresó.
Recordó que el Río Santiago ha sido objeto de macro recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ); sin embargo, la contaminación persiste, debido a la ausencia de capacidades interinstitucionales en los tres órdenes. Sobre todo del federal y municipal, que debería hacer cumplir la regulación de descargas contaminantes a las aguas.
“Es necesaria la construcción de instrumentos de política pública de largo aliento encaminados a la restauración, saneamiento y sustentabilidad de esta región hídrica, a través de un instrumento de planeación para el corto, mediano y largo plazos (donde se involucren los distintos actores sociales)”, reclamó la académica.
El Director Ejecutivo del Instituto de Derecho Ambiental AC, Pedro León Corrales, acusó que en Jalisco, con la política ‘Revive el Río Santiago’, “no se cumple con las medidas para la restauración como recomiendan la CEDHJ, la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el contrario”.
“El gobierno federal tampoco cumple con combatir la contaminación del Río Santiago, pues es ausente y lo mismo los gobiernos municipales”, reiteró.
León Corrales recordó que por las aguas del Río Santiago corren contaminantes como metales pesados: mercurio, plomo, fierro y zinc. “La zona más imputada por la política de contaminación es la zona de Juanacatlán y El Salto, donde han muerto decenas de personas y ha habido un deterioro a la salud por las enfermedades renales”, declaró.
“No se puede descartar la privatización, pero la tendencia internacional es que el servicio y saneamiento descansen en organismos del Estado. La privatización es de manera indirecta utilizando los beneficios del agua para negocios inmobiliarios”, abundó.
La Coordinadora del doctorado en Derechos Humanos y del Cuerpo Académico de Reformas Estructurales del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), Teres Magnolia Preciado Rodríguez, explicó que este derecho humano, el del agua en Lerma-Santiago, es un tema pendiente no sólo a nivel local y regional.
“Hay que reformular la manera de ver el derecho al agua; hay temas pendientes y conceptivos que no se han tocado en la Ley General del Agua, como el acceso, las disposiciones domésticas y su saneamiento”, acotó.
Sobre la participación del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez en la Organización de las Naciones Unidas, donde afirmó que en la entidad hay una capacidad de saneamiento de las aguas en 75 por ciento, Preciado Rodríguez afirmó que no duda de ella.
“No dudo que se tenga esa capacidad de sanear, lo que señalamos es que no se hacen las acciones necesarias para realizarlo. Lo que está fallando es la acción. Hay un gran abandono. Si existe 75 por ciento de capacidad para sanear, esto no es evidente”, recalcó.
Acerca de dicha falta, apuntó que hay un gran nivel de impunidad entre las diversas instancias de gobierno y hasta colusión para que se sigan vertiendo contaminantes del tipo industrial a las aguas de los ríos.
León Corrales hizo hincapié de que en Jalisco existen plantas de tratamiento, pero no especializadas para los contaminantes que desechan las industrias, que son las que mantienen envenenado el Río Santiago, con grandes costos en la salud y vidas humanas.
